Provincia de Cádiz

Seis años de cárcel a dos acusados de estafar a compradores de pisos

  • La Audiencia considera que todo lo sucedido fue "fruto de una maquinación previa"

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a seis años de prisión por un delito continuado de estafa a L.M.G.R. y a Ana Suárez Galiano porque considera probado que engañaron a unas veinte personas en la venta de cuatro viviendas y se quedaron con las sumas que los compradores les entregaban como señal. En el juicio, los procesados se echaron la culpa el uno al otro. El tribunal no creyó a ninguno. La sentencia afirma que "no existe lugar a dudas" de que ambos maquinaron un plan para engañar a cuantos tuvieran ocasión.

La resolución de la Sección Primera de la Audiencia condena a los dos procesados a indemnizar con 162.339 euros a 19 personas. Además, L.G. es condenado a indemnizar a otras tres personas con 25.000 euros. La pena de prisión es superior a la solicitada por el fiscal, que solicitó cinco años, y coincide con la reclamada por algunas acusaciones particulares (se personaron seis en el procedimiento).

El tribunal argumenta que opta por los seis años de cárcel porque el monto de lo defraudado es "una cantidad nada despreciable", por el daño objetivo generado "a un número importante de perjudicados y víctimas" y porque los autores, dice, "han revelado con su acción una peligrosidad subjetiva obvia".

La sentencia relata como hechos probados que L.G. puso en venta, sin saberlo ella, un piso ubicado en Chiclana cuya propiedad compartía con su ex esposa y que estaba hipotecado. Como el precio era notablemente inferior al del mercado, pronto aparecieron clientes. La resolución explica que una mujer concertó la compra y entregó unas arras (una señal) de 7.000 euros con el compromiso de elevar a escritura pública la venta en marzo de 2009.

Con esa venta ya realizada y también, como antes, aparentando ser el único dueño y que la finca estaba libre de cargas, L. hizo un nuevo contrato del piso con otro comprador, que le entregó 9.000 euros como señal, indica la sentencia. Agrega que en enero de 2009 hubo una tercera operación similar con el mismo piso y que el procesado se hizo con otros 9.000 euros.

El tribunal explica que Ana Suárez, que poseía en Cádiz varios pisos (todos hipotecados) planeó con L., que actuaba de corredor, concertar contratos privados de venta de las viviendas a un precio muy inferior al de mercado y ocultando los gravámenes que pesaban sobre las fincas. Nunca tuvo intención de transmitir la propiedad y de ese modo, añade, consiguió que le entregaran cantidades como arras o adelanto de precio de las que se apropió.

La sentencia relata cómo una finca de la calle San José fue objeto de varios contratos de compraventa y cómo varias personas abonaron como señal diversas cantidades (12.000 euros, 18.000, 8.500. 2.000...). Ocurrió lo mismo con otra finca de la calle Barrié. Y otro tanto con dos viviendas de la calle La Torre.

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