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La mayoría de las mujeres que acuden al Centro municipal de Información a la Mujer (CIM) lo hacen para asesorarse sobre los trámites y conocer los derechos que las asisten a la hora de afrontar una separación matrimonial. María Victoria Martínez, asesinada por su marido hace unos días en un local comercial de la ciudad, era una de ellas. Nunca había denunciado malos tratos. Las trabajadoras del CIM, coordinadas por Carmen Trancoso, se esfuerzan en identificar si la usuaria, aunque no lo quiera contar, está siendo víctima de los malos tratos. Pero es algo realmente complicado.

La asesoría jurídica del CIM, a cargo de Silvia Valera, atendió el año pasado a 423 mujeres, de las que sólo 55 aceptaban ser víctimas de algún tipo de maltrato (físico, sexual, psicológico). Un 8% de las consultas. Este año, desde enero, ya van nueve casos de violencia de género -una cifra ligeramente superior al mismo periodo del año anterior.

El equipo que forma el CIM considera que son muchos los motivos que llevan a las mujeres a no aceptar las agresiones como un verdadero caso de violencia machista. La sociedad aún mantiene una estructura basada en el varón y "se siguen normalizando situaciones de falta de respeto, de celos que parten de la concepción del amor romántico", explica la psicóloga del centro, Almudena García. Hay quien sigue diciendo que su pareja le pega "lo normal", como si no fuera un delito. La dependencia emocional de la mujer hacia su pareja es un lazo difícil de romper, aun con violencia de por medio. El miedo a perjudicar a su familia, a los hijos, a molestar al hombre, también es un factor que incide a la hora de reconocer y denunciar el maltrato. Otro factor que impide en muchos casos la denuncia es la dependencia económica de la víctima. Según los datos del año pasado que maneja el CIM, la mitad de las mujeres que han denunciado malos tratos carecen de empleo, y un 29% vive del servicio doméstico con unos ingresos de 400 euros mensuales.

Por ello, el centro de la mujer situado en la calle Nevería también cuenta con una orientadora laboral, Virginia Ramos, que ayuda a las usuarias a buscar un empleo, para que puedan empezar una nueva vida. Y como también apunta Dolores Guisado, una de las mediadoras sociales que trabajan de manera voluntaria en los barrios, se da el caso últimamente de inmigrantes que rehusan acudir al CIM o poner una denuncia por el simple hecho de no tener papeles. Incluso así, el 5% de las atendidas en el centro municipal son inmigrantes, y va en aumento. Los problemas para recurrir a la Justicia son numerosos y complejos, y, al fin y al cabo, como recuerda la psicóloga, "las mujeres, de media, aguantan siete años de malos tratos hasta decidirse a poner la denuncia".

No obstante, en cuanto la mujer acepta ser víctima de una agresión machista, la mayoría acaba denunciando. El año pasado, de las 55 mujeres que lo reconocieron, 37 interpusieron una demanda contra su agresor. Esta decisión es esencial para proteger a las víctimas y evitar casos extremos como el de María Victoria. El 90% de las que denunciaron malos tratos obtuvieron el amparo judicial, a través de la orden de alejamiento hacia el agresor. Actualmente, hay 25 mujeres en El Puerto que se benefician del llamado servicio de teleasistencia móvil, con el que están localizadas permanentemente por la Policía Nacional a través del sistema GPS. Luego, dependiendo de los casos reciben ayudas económicas del Instituto Andaluz de la Mujer, participan en terapias psicológicas de grupo y en la mayoría de los casos (el 65%), acaban separándose de su agresor.