Las concesionarias de autopistas buscan a la desesperada nuevos peajes

  • La patronal presiona al Gobierno cifrando en 450 millones lo que dejará de ingresar cada año el Estado si no adjudica las seis carreteras que quedan libres en breve, entre ellas la Cádiz-Sevilla

Las cabinas de peaje en la autopista Cádiz-Sevilla (AP-4), en una imagen del pasado 1 de enero. Las cabinas de peaje en la autopista Cádiz-Sevilla (AP-4), en una imagen del pasado 1 de enero.

Las cabinas de peaje en la autopista Cádiz-Sevilla (AP-4), en una imagen del pasado 1 de enero. / MANUEL PASCUAL

Las empresas que desde hace muchas décadas vienen explotando las autopistas de peaje que están en servicio en toda España no están dispuestas a dar su brazo a torcer tan fácilmente. El hecho de que en seis de estas carreteras el peaje esté próximo a expirar -es la situación que vive por ejemplo la Cádiz-Sevilla (AP-4), a la que le quedan menos de 21 meses de pago- ha hecho reaccionar a estos grandes grupos empresariales.

Así, si hace menos de un mes era el presidente de Abertis, Salvador Alemany, el que proponía que todas las autovías del país fueran de pago y el que pedía al Gobierno un "debate maduro" para definir un nuevo modelo de gestión de estas infraestructuras, ayer fue la patronal de grandes constructoras y concesionarias, Seopan, la que recrudeció su presión al Gobierno para que prorrogara estas concesiones y, por tanto, los peajes.

"No es lógico que los extranjeros disfruten gratis de estas autopistas", dice Seopan

La primera de estas autopistas que revertirá al Estado será la AP-1 (Burgos-Armiñón), que pasará a ser gratuita a partir del 1 de diciembre de este año tras concluir el actual contrato de concesión con la empresa Itínere. Pese a ello desde Seopan se defendió ayer que esta carretera debe seguir siendo de pago debido, entre otros motivos, al elevado tránsito de vehículos extranjeros que registra la vía.

La asociación estima que esta autopista en cuestión necesita una inversión de 327 millones de euros para su ampliación y mejora, y que, posteriormente, su mantenimiento costaría unos 6,2 millones de euros al año al Estado que, además, dejaría de ingresar retornos fiscales de 23,1 millones. "No tiene sentido sacar de las arcas públicas, del dinero de los contribuyentes, estos importes para que los extranjeros disfruten gratis de la autopista", indicó esta organización que agrupa a las seis grandes constructoras (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr) y a todas las concesionarias de autopistas.

La patronal considera además que el peaje sirve como instrumento para reequilibrar el tráfico en las distintas vías. Así, estima que, en el caso de la AP-1, levantar las barreras elevaría hasta un 36% su tráfico, lo que, dada su capacidad, podría generar un "caos". Por todo ello, Seopan insiste en que "hay que mantener el actual modelo de concesión, con cambios que den satisfacción a todas las partes". "Pero no tiene sentido sufragar con impuestos el tráfico extranjero", remarcó.

La AP-1 es la primera de la media docena de autopistas que en poco más de tres años concluirán el plazo de concesión con el que se contrataron. Después vendrán, a finales de 2019, la Cádiz-Sevilla (AP-4) y el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante. Y ya en 2021 culmina el del trazado de la AP-7 que une Barcelona con La Jonquera y Tarragona y el de la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo), todos ellos de Abertis.

Seopan multiplicó su presión al Gobierno calculando que la supresión del peaje en esta media docena de autopistas supondría un coste de unos 450 millones de euros al año para las arcas públicas. Se trata del importe derivado de su mantenimiento y de la reversión fiscal que deja de ingresar, que se eleva a los 1.000 millones en el caso de considerar a toda la red de pago, que suma unos 2.550 kilómetros de longitud.

Hasta ahora el Gobierno de Rajoy se mantiene firme en su posición contraria a prorrogar estos peajes. Eso sí, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha manifestado varias veces su intención de negociar un pacto de Estado con el resto de partidos políticos para fijar una estrategia de futuro para gestionar estas autopistas.

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