Cuarenta jueces decanos de toda España, reunidos desde ayer en Cádiz para abordar asuntos de actualidad de la Administración de Justicia, iniciaron ayer un debate fuera de programa sobre cómo solidarizarse con el juez Rafael Tirado, sancionado por la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con 1.500 euros como responsable del retraso en la ejecución de una condena al pederasta acusado de matar a la niña Mari Luz. Durante las intervenciones, un magistrado se refirió a Tirado como "un compañero que ha sido crucificado por los medios de comunicación con la bochornosa unanimidad de todos los políticos" y reclamó una "solidaridad real" con el juez. Los jueces decanos aplazaron decidir cómo se pronunciarán sobre este asunto: si con una declaración expresa o con otra que no entre en los hechos pero que deje claro que ni a Tirado ni a la secretaria del Juzgado se les puede hacer responsables de la muerte de una niña.

Fue José Luis González Armengol, juez decano de Madrid, quien abrió el debate sobre el caso Mari Luz cuando inició su intervención como ponente de la sesión sobre la nueva oficina judicial. González Armengol propuso que las jornadas de jueces decanos incluyan en sus conclusiones un pronunciamiento que sea crítico con la sanción a Tirado y también con la impuesta por el ministro de Justicia a la secretaria judicial del caso, Juana Gálvez, funcionaria del Juzgado sevillano que dirige Rafael Tirado. Gálvez ha sido suspendida de empleo y sueldo por dos años.

Las dos sanciones son "injustas", afirmó el juez decano de Madrid, quien animó a sus colegas a no dejar pasar la oportunidad de pronunciarse sobre un tema de actualidad y criticó las "bochornosas intromisiones" en la labor del CGPJ.

Se refería fundamentalmente a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien en una entrevista publicada anteayer por El País dijo que le parece "gravísimo" que la sanción a Rafael Tirado pueda quedar en una multa y que espera que prospere el recurso de la Fiscalía, que reclama tres años de suspensión para el juez.

El guante lanzado por González Armengol fue recogido inmediatamente. En cuanto se inició el debate que sigue a las ponencias, un juez decano mostró su apoyo a la iniciativa planteada por su colega de Madrid y abogó por una declaración expresa contra la "injusticia" cometida con el juez Tirado. "Los responsables son otros. Seguramente quienes le han echado la culpa al juez", anotó ese asistente a las jornadas.

Otro juez se sumó a la propuesta de un pronunciamiento expreso y consideró el momento y el lugar como "una ocasión única para dar un paso adelante, para expresar una solidaridad real" con Tirado.

"Tenemos que solidarizarnos con un compañero crucificado por los medios de comunicación. Se ha llegado al extremo de que se está debatiendo si la sanción al juez es alta o no lo es, en lugar de discutir si Tirado merece o no merece ser sancionado", dijo.

Un tercer juez intervino entonces para mostrarse partidario de un comunicado o una declaración conjunta que reclame de forma genérica que no se desvíen hacia un juez responsabilidades que les corresponden a otros. "Si hacemos un pronunciamiento directo sobre este asunto del juez Rafael Tirado nos ponemos a la altura de la vicepresidenta", alertó.

En esa línea, otro juez intervino para comentar que creía absolutamente necesario el pronunciamiento pero que la declaración no debería entrar en los hechos del caso Mari Luz sino en reclamar un absoluto respeto hacia las decisiones de una institución como el CGPJ. Lo que debería dejar claro el pronunciamiento de los jueces decanos, dijo, es que no se puede hacer responsable de la muerte de una niña a un juez y a una secretaria judicial. "Porque eso es lo que se está transmitiendo", aseguró.

"No es momento de andar con paños calientes. Tenemos que decir que hay carencia de medios y que por eso no se puede sancionar a un juez", terció el juez decano de Barcelona.

El debate terminó con la decisión de aplazar el momento de optar por un pronunciamiento expreso de solidaridad con Rafael Tirado o bien una declaración genérica contra la intromisión en las decisiones del CGPJ y el desvío de responsabilidades que no entre en el fondo del caso Mari Luz.

Los magistrados, que iniciaron anteayer las XVIII Jornadas de Jueces Decanos de España y las darán por finalizadas mañana, tienen pendiente esa decisión y la declaración conjunta. A las jornadas, coordinadas por la juez decana de Cádiz, Nuria Orellana, asisten ocho vocales del CGPJ.