Las denuncias ciudadanas ponen coto a las molestias por el ruido

  • Una última sentencia en El Puerto contra un club protege el derecho al descanso de una familia frente a la contaminación acústica · La Policía de La Isla registra 643 llamadas de quejas por la movida en 2007

La reciente sentencia de la Audiencia Provincial en la que se condena a un club social de El Puerto a indemnizar a una familia por los ruidos que producen las fiestas que se celebran en sus instalaciones viene a demostrar una vez más los efectos de la lucha ciudadana en favor del derecho al descanso.

No es, en cambio, la primera sentencia de este tipo que se aplica en El Puerto. José Antonio Navalón fue el primer vecino de la ciudad que consiguió que un tribunal condenara al Ayuntamiento a indemnizarle por los daños morales que sufrió a causa de la motorada. Navalón había denunciado a la Administración local, gobernada entonces por el ahora inhabilitado Hernán Díaz (IP), por no actuar contra el ruido que provocaban los miles de motoristas que llegaban a la ciudad para la celebración del evento. La sentencia dictada en 2005 sirvió además para que el Ayuntamiento comenzara a poner freno a los desmanes de la motorada, cerrando el centro al tráfico y llevando a cabo otras medidas de control. La indemnización a este vecino no llegó a los 800 euros. Sin embargo, otro vecino, José Peña, con una dolencia cardíaca, consiguió poco después que el Ayuntamiento tuviera que indemnizarle con 4.500 euros por no controlar los ruidos de la motorada.

Pero no siempre es la administración la que debe indemnizar a una familia portuense. Hace aproximadamente un mes, un juzgado de la ciudad condenaba al supermercado Mercadona a indemnizar con 9.000 euros a una familia por los daños que provocaba el montacargas de la tienda, situado bajo su vivienda.

En cambio, y a diferencia de otras localidades, El Puerto nunca ha sido excesivamente controvertido con el tema del botellón y sus consecuencias. El Ayuntamiento apenas ha tenido que intervenir en este aspecto, salvo por una campaña, llevada a cabo hace unos meses, para controlar los abusos de los llamados coches-discoteca.

Pero las quejas por el ruido también alcanzan a otras importantes localidades de la Bahía como es el caso de San Fernando. En un informe que la Policía Local de esa ciudad ha remitido al Defensor del Pueblo Andaluz consta que durante el año pasado se recibieron en la Jefatura policial 643 llamadas de teléfono de vecinos expresando sus quejas debido a distintas molestias ocasionadas por la movida juvenil. Aunque las protestas más frecuentes se refieren al ruido y, en segundo lugar, a la insalubridad. El problema del botellón en La Isla se refiere más bien a la falta de espacio donde ubicar de forma definitiva ese lugar lúdico bautizado como 'botellódromo' que a la masificación en sí de jóvenes, como señalan fuentes municipales y reconocen los propios vecinos afectados por el 'botellódromo' provisional, situado desde hace año y medio en la barriada de La Magdalena. Lo cierto es que desde que entró en vigor la nueva Ley, en enero de 2007, se han registrado 375 denuncias en total, 201 en concreto por consumir alcohol en la vía pública y fuera del único espacio habilitado para ello. El resto, se refieren a molestias por ruido (38), evacuación de aguas menores en la calle (127) y venta de bebidas fuera del horario establecido para los establecimientos (9).

A pesar de que tanto desde el Ayuntamiento isleño como desde la Policía se hace hincapié en la inexistencia de la movida como tal y en que se trata de problemas "puntuales", la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA), a petición de la Federación Isla de León, sigue adelante con su denuncia judicial que hace unas semanas fue admitida a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En la investigación abierta está participando, por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo, a petición también de los vecinos de La Magdalena.

Entretanto se dirime el problema en los tribunales, el delegado municipal de Juventud, José Miguel Rodríguez Villalón, señala que la carpa de La Magdalena resulta de momento "el menor de los males", teniendo en cuenta que desde Costas se ha denegado al Consistorio su solicitud de emplazarlo en la antigua salina de La Leocadia (a la entrada de la playa de Camposoto) porque corresponde a Parque Natural. "No hemos elaborado aún ningún proyecto ni solicitado la subvención porque no encontramos el sitio idóneo que guste a todos", dijo el concejal andalucista, "Los municipios con esta limitación de espacio tenemos las manos atadas. Por eso pedimos a la Junta que nos diga dónde habilitarlo". Para la asociación de vecinos Los Claveles, de La Magdalena, esto no es excusa para que "siempre nos toque a los mismos sufrir las consecuencias", se queja Dolores Cano, responsable de esta entidad.

Por su parte, en Chiclana, el Consistorio lleva meses buscando una solución al problema de la movida juvenil y la práctica del botellón, sobre todo en la zona de la costa en verano, un emplazamiento en el que aún no se ha habilitado espacio alguno para este tipo de actividades.

Así, pese a que ya el pasado año se estableció el parque periurbano de Las Albinas del Torno como espacio cercano a la ciudad y alejado de núcleos residenciales en el que se permitía el consumo de bebidas al aire libre, dicho emplazamiento apenas ha sido utilizado. En lo que a las denuncias por beber en la vía pública durante el invierno, éstas no han superado las cuatro o cinco sanciones los fines de semana, una cifra que sí ha comenzado a aumentar con la llegada del buen tiempo, como se demuestra con la tramitación por parte de la Policía de 15 denuncias por este motivo durante el fin de semana del 17 y 18 de mayo.

El Ayuntamiento de Chiclana, hosteleros y Cuerpos de Seguridad han mantenido ya varias reuniones de cara a dar solución al problema en lo que a la zona de costa se refiere, una situación que en los últimos años ha ido disminuyendo pero sin llegar a estar controlada del todo. Así por ejemplo, es la zona de aparcamientos y la bajada a la playa junto al centro comercial Bellamar, a la entrada de la urbanización Novo Sancti Petri, una de las que más ha sufrido este fenómeno en los últimos años, con importantes problemas de suciedad, ruidos, actos vandálicos, etcétera, de ahí que sean los hoteleros de la zona y hosteleros de dicho complejo los más interesados en que se encuentre una solución definitiva. Desde las delegaciones de Juventud y Turismo se trabaja para, por un lado, dotar de contenidos culturales y de ocio dicha zona, y de otro, habilitar otra parcela en la costa donde se permita el botellón de forma controlada y alejada de zonas residenciales y comerciales, un emplazamiento sobre el que aún no se ha concretado su ubicación definitiva.

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