El sector de la estiba vuelve a poner la pelota en el tejado del Gobierno. Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco coincidieron ayer en reclamar al Gobierno que presente el texto legal con el que se pretende articular la reforma de esta actividad económica.

Ambas partes demandan más concreción para conocer si el Ejecutivo -a resultas de la negociación mantenida en las últimas semanas y tras la derogación del primer decreto- contempla los aspectos que los trabajadores y empresarios han pactado en los últimos días y que consideran básicos: la garantía para el mantenimiento del empleo y las ayudas públicas para reestructurar la actividad de cara a su tránsito a un modelo liberalizado.

Los trabajadores ven injusto que el Gobierno mantenga "oculto" su proyecto normativoEl ministro de Fomento se muestra "prudente" ante las respuestas de los trabajadores

El plazo para responder a la propuesta de mediación que hizo el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, para buscar una salida al conflicto concluyó ayer sólo con la aceptación expresa del Gobierno, que ofreció además pasar el texto a un Real Decreto complementario al de la reforma. El jueves ofreció un reglamento.

La patronal acordó el lunes un sí condicionado a conocer el nuevo texto de la futura reforma, lo que no se ha producido. Y los sindicatos, sin rechazar la mediación expresamente, valoraron ayer que no era necesaria por haberse alcanzado ya un acuerdo previo entre la parte social y empresarial.

La representación de los trabajadores, liderados por coordinadora, valoraron positivamente las aportaciones del mediador y su ayuda a la conciliación, si bien dijeron que una vez suscrito un acuerdo entre trabajadores y empresarios, el pasado 29 de marzo, no era necesaria la mediación. En su acuerdo, la patronal y los sindicatos coincidían en reclamar la subrogación por ley y ayudas para el sector, lo que fue rechazado por el Gobierno.

"Para terminar de desarrollar el acuerdo rubricado en el sector, queda por conocer la nueva propuesta normativa que ofrezca el Gobierno", apuntaron desde la parte social. Esta propuesta normativa, según los sindicatos, debe dar respuesta a los requerimientos de Europa a la par que cumpla con la garantía de empleo de los actuales trabajadores portuarios con las empresas titulares del servicio de manipulación de mercancías. Para los sindicatos, esta vinculación debe ser exclusivamente por medio de Centros Portuarios de Empleo.

"Es preciso conocer la propuesta normativa del Gobierno para analizar si, de la combinación de ese proyecto de norma y del convenio colectivo, puede obtenerse el resultado que todas las partes dicen perseguir: ejecutar la sentencia con la garantía del 100% del empleo del personal actual y con instrumentos de mejora de la productividad", dijeron.

Los sindicatos apuntaron que la redacción de esa norma justifica la participación del Gobierno en el proceso de mediación "por lo que es imprescindible que se presente al resto de actores". La parte social dijo no ver equilibrado que todas las partes conozcan los detalles sobre cómo se quieren regular las relaciones laborales "y que se mantenga oculta la contrapartida, parte sustancial del acuerdo, que no es otra que el proyecto normativo del Gobierno".

La patronal Anesco acordó el lunes por la tarde condicionar su apoyo a la mediación de Marcos Peña a conocer el marco jurídico de la reforma del modelo. Anesco pedía saber si el texto "mantendrá los mismos términos del real decreto ley derogado". Y también demandaba conocer detalles sobre el régimen transitorio y su posterior desarrollo. Es decir, la patronal demandaba conocer cómo pretende llevar a cabo el Gobierno su segundo intento para reformar el sector.

Anesco también condicionó su apoyo a que se determinara "el alcance real de las medidas propuestas por el Gobierno en su plan de ayudas a los trabajadores portuarios". Especialmente en lo concerniente al número de afectados, su distribución geográfica y plazos.

La iniciativa del presidente del Consejo Económico y Social tomaba propuestas de todas las partes. Sobre el mantenimiento del empleo, emplazaba a que el Gobierno elaborase una normativa transitoria. En cuanto a la productividad, asumía el acuerdo de la patronal y los sindicatos con medidas como una rebaja salarial del 10% para parte de los estibadores. Y en cuanto a las ayudas públicas, tomaba la propuesta del Gobierno para ofrecer prejubilaciones voluntarias con un subsidio del 70% del salario.

Sólo el Gobierno asumió esta oferta de mediación, el mismo jueves y apenas tres horas después de conocerse. El Ejecutivo ofertó ayer plasmar su contenido en un real decreto como anexo al decreto ley de reforma del sector.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se mostró ayer "prudente" ante las respuestas de los trabajadores y las empresas a la mediación de Marcos Peña. "Hay que leerlas y valorarlas con tranquilidad", señaló.

El ministro insistió aún así en que volverá a llevar "cuanto antes" al Consejo de Ministros la reforma legal del sector para retomar su tramitación parlamentaria, aunque sin concretar si prevé introducir en este segundo intento cambios en el contenido respecto del primer decreto, que fue derogado.