El promotor de doce viviendas construidas hace 15 años en Chiclana se sentará mañana en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz como acusado de un delito de estafa. El fiscal solicita cinco años de prisión para el procesado, E.F.V., y reclama que indemnice con diferentes cantidades a diez compradores de las casas, quienes tuvieron que gastar 227.653 euros para suplir deficiencias de acabados y poder habitarlas, según señala el escrito de acusación.

El fiscal también solicita que el acusado sea multado con 6.480 euros. El juicio fue aplazado en dos ocasiones el año pasado. La última fue el pasado mayo, cuando la Audiencia detectó que no le había llegado una documentación pedida por la defensa del procesado.

La oferta de la promoción de las viviendas llevaba aparejada la urbanización y el ajardinado de las zonas comunes, explica el escrito de calificación del fiscal. En algunos casos, también incluía la instalación de una piscina común.

Como es habitual en muchas otras promociones, los compradores iban adquiriendo las viviendas sobre plano, entregaban dinero en efectivo y se subrogaban en la correspondiente hipoteca.

De ese modo, las obras comenzaron allá por enero de 1993. El fiscal afirma que finalizaron sin respetar la memoria de calidades pactada y dejaron sobre el terreno una urbanización en la que no había calles ni alumbrado ni acera; un grupo de viviendas que carecía de contadores de luz y de agua.

Los compradores se vieron obligados entonces a afrontar una serie de gastos para instalar y construir los elementos pactados y no realizados por el constructor.

Pese a esa situación, algunos compradores necesitaban ocupar las viviendas y así lo hicieron, señala el escrito de acusación . Pero el acusado no atendía a sus requerimientos, agrega el fiscal, y tuvieron que solicitar al Ayuntamiento de Chiclana la correspondiente licencia de primera ocupación para formalizar los contratos de luz y agua.

El fiscal indica que al no constar entregado por parte del promotor ni proyecto ni licencia de obras, el Ayuntamiento de Chiclana negó las solicitudes de los compradores de las viviendas.

José Antonio Benítez, uno de los compradores, ha explicado que la fecha estimada de entrega de la vivienda era julio de 1993. El procesado, explica, "se quitó de en medio y nos dejó a diez familias con una media de siete millones de pesetas, de las de entonces, entregadas, lo poco que teníamos construido embargado por el constructor, letras de cambio falsificadas, otras renovadas y no canceladas, falta de pagos a proveedores y empleados, ocultación de licencia de obras, de proyectos y de documentos...". "Después de un costoso proceso económico y moral", añade, "logramos recuperar nuestras paredes, que no viviendas, y comenzar un calvario con el Ayuntamiento".