La andalucista Maribel Peinado, actual vicepresidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, será juzgada hoy por no proporcionar información a la oposición cuando era alcaldesa de Puerto Real. Concretamente, la Fiscalía la acusa de dos delitos continuados contra los derechos civiles y pide para ella la pena total de seis años de inhabilitación para ejercer el cargo de alcaldesa, concejala o cualquier otro puesto derivado de una elección. El juicio está previsto que se celebre en el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz a partir de las 10:00 horas.

Este procedimiento se inició en 2014 a partir de una denuncia que el Partido Socialista de Puerto Real realizó ante la Fiscalía Provincial de Cádiz. Según expuso el PSOE local, al partido "se negaba información de forma generalizada para hacer oposición desde el año 2011".

Ante esta supuesta falta de transparencia, la Fiscalía decidió seguir adelante con el asunto y el 10 de febrero de 2015 formalizó su querella contra la que fue alcaldesa de Puerto Real la pasada legislatura.

El escrito de calificación fiscal recoge que la andalucista Maribel Peinado no daba información (o lo hacía muy tarde) a los diferentes grupos políticos que conformaban la oposición sobre asuntos de diversa índole, la mayoría económicos, desde unos informes que justificaban los gastos de un jefe de personal, hasta el número de invitaciones y entradas que estaban a la venta para el concurso de agrupaciones locales de Carnaval, pasando por los expedientes de contratos del Complejo de Piscinas.

Según sostiene el fiscal del caso en sus conclusiones provisionales, la entonces alcaldesa de Puerto Real por el PA no facilitaba esos datos y, en caso de hacerlo, suministraba información incomprensible, sin orden ni concierto.

Esta forma de actuar de Peinado, dice la acusación pública, impedía al resto de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Puerto Real ejercer una oposición útil.

Por otro lado, la ex alcaldesa también tiene pendiente la apertura de otro juicio en relación al caso de los Aceites Usados. Peinado y otros siete ex concejales andalucistas están siendo investigados por un delito de prevaricación administrativa tras firmar un convenio de exclusividad con la empresa Biouniversal para la recogida de aceite usado, lo que imposibilitó que el resto de empresas autorizadas pudiesen trabajar en Puerto Real.