Provincia de Cádiz

Casi 30.000 gaditanos podrán cobrar la ayuda para parados sin prestación

  • El nuevo subsidio de 420 euros trata de aliviar la situación de desprotección de las personas sin trabajo ni ingresos · Aprobado también el cobro del desempleo para los autónomos a partir de un año de cotización

Día movido el de ayer para el Consejo de Ministros en el apartado de asuntos económicos. El máximo órgano ejecutivo aprobó la prolongación del subsidio para los parados que carezcan de ingresos y dio el visto bueno a la prestación para los autónomos que cesen en su actividad.

La primera medida, regulada por Decreto Ley, permitirá a los desempleados percibir una cantidad mensual de 420 euros cuando agoten su prestación o subsidio (o no tengan derecho a éste) y dispongan en su hogar de rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, menos de 468 euros mensuales.

Esta iniciativa es extraordinaria y de carácter temporal. De hecho, nace con una vigencia de seis meses prorrogables en periodos también semestrales. En todo caso, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que la intención del Ejecutivo es mantener activo este nuevo subsidio siempre que la tasa nacional de paro supere el 17% –actualmente se encuentra en el 17,9% y la previsión es que suba tras el verano–.

El efecto de esta protección especial será inmediato, ya que empezará a aplicarse con carácter retroactivo desde el 1 de agosto. En el conjunto del país, el Gobierno calcula que podría beneficiar a 340.000 parados y en Andalucía, a unos 70.000.

En Cádiz, el alcance será alto debido a los bajos niveles de cobertura que se registran en la provincia debido a la precariedad y al elevado número de parados de larga duración que se ha acumulado en los últimos meses en las oficinas de empleo. Tomando como referencia las cifras laborales de julio, cerca de 30.000 gaditanos podrán cobrar la nueva ayuda a partir de este mes. Este volumen de potenciales beneficiarios es más de la mitad de los parados que actualmente no perciben ni prestación contributiva. Al término del mes pasado eran más e 54.400, mientras que los que sí recibían algún tipo de percepción eran 95.144, repartidos entre prestaciones (40.531), subsidio (33.460) y rentas activas de inserción y subsidio agrario (21.153).

El alcance de la nueva línea de apoyo social es, por lo tanto, moderado porque supondrá entre un 55% y un 60% de los desempleados que actualmente carecen de toda protección. Este cobro será incompatible con otras rentas públicas y como pretende facilitar la recolocación laboral, el perceptor deberá participar en itinerarios de inserción.

Las reacciones suscitadas por el Real Decreto son encontradas. Para el PP se trata de un “parche” que demuestra que “el paro es el fracaso del Gobierno y los 420 euros son su confirmación”, según su portavoz económico en el Congreso, Cristóbal Montoro. Los sindicatos CCOO y UGT valoraron esta medida “de justicia social y solidaridad”, según calificó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Sin embargo, criticaron que “se ha quedado corta” porque “deja a un importante número de personas fuera del ámbito de cobertura”, en palabras del responsable de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo.

Respecto a los autónomos, cuando estos sufran el cese involuntario de la actividad, tendrán derecho a una prestación mínima de 583,40 euros y una máxima de 1.393,9 euros (con dos o más hijos). Cobrarán la paga en un periodo que puede oscilar entre dos y seis meses, según si antes del cierre han cotizado un año (tiempo mínimo) o llegaron a los tres años. La Asociación de Trabajadores Autónomos,ATA, consideró que es discriminatoria porque los asalariados pueden disfrutar de cuatro meses de prestación por cada doce meses cotizados, mientras que este colectivo sólo tendrán dos.

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