Uno de los imputados en la Malaya invierte en la provincia

  • El empresario Tomás Olivo inaugura un gran centro comercial en Sanlúcar para toda la comarca con la presencia de los alcaldes sanluqueño y chipionero

El empresario Tomás Olivo inauguró ayer junto a los alcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, Irene García y Manuel García respectivamente, el Parque Comercial Las Dunas, que abre hoy miércoles al público en la ciudad del Guadalquivir. Tomás Olivo es uno de los empresarios imputados por cohecho en la Operación Malaya sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.

La inauguración de esta gran superficie promovida por la empresa que preside Olivo, General de Galerías Comerciales, reunió en la noche de ayer a unos 5.000 sanluqueños, según las previsiones de los organizadores del evento. El acto incluyó, aparte de los consabidos cortes de cintas, varias "sorpresas" como un espectáculo de fuegos artificiales. Olivo y sendos alcaldes se dirigieron al público en un escenario montado para la ocasión con la presentadora de Canal Sur Televisión, la sanluqueña Antonia Moreno, haciendo lo propio. En su discurso, Olivo agradeció al Gobierno municipal de Sanlúcar y la Junta de Andalucía su respaldo al proyecto, mencionando expresamente a la alcaldesa y a la delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, Angelines Ortiz. Destacó que el nuevo parque comercial prevé dar cobertura a las poblaciones de Sanlúcar, Rota, Chipiona, Costa Ballena, Trebujena, Jerez, El Puerto y Lebrija. De acuerdo con los datos que subrayó, sus más de 120 locales comerciales, cinco medianas superficies, 12 salas de cine -que abrirán "próximamente"- y demás establecimientos, entre ellos un gimnasio, generarán alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos y unos 1.000 indirectos. El negocio contiene un aparcamiento de más de 3.500 plazas. La inversión global alcanza los 200 millones de euros.

Tomás Olivo fue detenido en el marco de la segunda fase de la Operación Malaya que juzgará la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella durante el mandato del GIL. Al igual que el cerebro de esta trama, Juan Antonio Roca, Olivo también procede de Murcia y está imputado por presunto cohecho. Tuvo que pagar 500.000 euros de fianza, aunque tras recurrir, la cifra se recortó a 150.000 euros. Su nombre, además, está relacionado con otro caso por el que la Fiscalía solicita dos años de prisión para el ex alcalde marbellí Julián Muñoz: la ampliación del centro comercial La Cañada, de Marbella, el mayor de toda Andalucía. La ampliación se realizó en unos suelos urbanizables no programados, pero Muñoz, mediante decreto, le concedió nueve licencias. La solicitud de ellas no constaba siquiera en el registro de Urbanismo. Por este caso sólo será juzgado Julián Muñoz ya que la tipificación penal incumbe sólo a los cargos públicos. Finalmente, el centro comercial La Cañada será uno de los edificios que el nuevo plan de Marbella va a regularizar, aunque Tomás Olivo deberá compensar al Ayuntamiento de Marbella con 260.000 metros cuadrados para zona verde.

El alcalde de Chipiona, Manuel García, se refirió a este establecimiento como "un sueño hecho realidad" con el que "ganamos toda la Costa Noroeste de Cádiz", en tanto que la regidora sanluqueña alabó entre palabras de agradecimiento "el empuje y la decisión de General de Galerías Comerciales" para sacar adelante este "proyecto comarcal". Irene García también aludió al hecho de que la mayoría de los trabajadores serán sanluqueños, llegando a superar el 92 por ciento en el caso de la plantilla de Alcampo. La alcaldesa anunció que incluso "habrá autobuses" para acceder al nuevo centro comercial con "comodidad".

Durante años, este proyecto no ha dejado de ser motivo de polémica tanto en el ámbito político como en el empresarial y social de la ciudad. Así, por ejemplo, la Junta no autorizó en 2001 su apertura en el marco de una moratoria autonómica destinada a impedir la saturación de la oferta comercial en la zona. Años después, concretamente en enero de 2007, la Federación Local de Asociaciones Guadalquivir registró un escrito en la Audiencia Provincial de Cádiz dirigido a la Fiscalía Anticorrupción reclamando la investigación de un exceso de edificabilidad de 8.000 metros cuadrados "comprobado" por la Administración autonómica en 2006. También antes de las elecciones municipales de mayo de 2007 el propio PSOE reprochaba frecuentemente a la anterior alcaldesa, Laura Seco (PP), que "se atreva a sentarse con uno de los principales imputados de la Operación Malaya", en alusión a Olivo.

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