Después de varios meses sin noticias, la investigación del caso Bahía Competitiva -que intenta dar luz al fraude estimado de más de 14 millones de euros en subvenciones públicas para la puesta en marcha de negocios que nunca se realizaron- ha dado un nuevo paso. Así, el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, que dirige la magistrada Lourdes del Río, ha citado a declarar como imputado al empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña, a quien se considera uno de los autores de esa supuesta trama millonaria, para el próximo día 23 de noviembre a las 11:00 horas.

Según dicha citación a la que ha tenido acceso este periódico, a la declaración de Ouviña se suman las de dos nuevos investigados: John Thomas Abkemeier y David Wyatt Hardell después de que en el análisis de las últimas pruebas documentales hayan aparecido datos que los vinculan con los hechos investigados.

Según el auto emitido por el Juzgado el pasado día 2, la declaración de Dávila Ouviña como imputado tiene como objetivo esclarecer unos hechos de los que no había sido escuchado antes. Y sobre los dos nuevos investigados, el Juzgado alude a datos recogidos por el Ministerio Fiscal que hacen ver su implicación en los hechos y que, recoge el documento, "acreditarían que nunca tuvieron intención de desarrollar el proyecto objeto de la entidad Cádiz Solar Center", proyecto por el que se solicitaron ayudas públicas importantes, "de las cuales nada más ser ingresadas el 16 de julio de 2009, se realizaron, nada más cobrarse, transferencias de la cuenta de Cádiz Solar Center a las empresas de su propiedad, Clairvoyant SLL y Clairvoyant SL, por importe de 620.000 euros".

Se da la circunstancia de que el nuevo investigado, Abkemeier, figuraba como administrador único de Cádiz Solar Center (que no llegó a ponerse en marcha), justo después de que dejara ese cargo el propio Ouviña. Poco después, aparece como administrador único no solo de Clairvoyant (con sede en Zaragoza), sino de varias empresas más dedicadas a las energías renovables y que llevan en su marca empresarial el nombre de Solar Center (son varias: Magnolia, Bog, Nogale, Laurel y Nano).

De esta manera el auto judicial acuerda, además de las tres citaciones mencionadas, la declaración como testigos de tres peritos y la elaboración por parte de la Unidad de Blanqueo de informes en los que se analicen varios extremos. En primer lugar, la procedencia del dinero con el que se adquirieron los inmuebles que constan a nombre de otras dos personas que aparecen en el atestado policial, "al existir indicios de que podrían haber sido obtenidos con el dinero procedente de las subvenciones".

En segundo término, pide a la Unidad de Blanqueo que investigue los datos que acrediten si el aumento de los depósitos de los que era titular Dávila Ouviña en La Caixa pudiera haber tenido lugar con el dinero de las ayudas públicas. La magistrada señala que esos depósitos pasaron de 1,5 millones de euros en el año 2007 a 3,5 millones el 1 de noviembre de 2010. Además, también pide un análisis de otra cuenta bancaria de otra entidad con sede en A Pobra de Caramiñal (localidad natal de Ouviña), desde la que, asegura, se hizo una transferencia para el abono de un Audi A3 que adquirió otra persona, dinero que sospecha pudiera proceder de las citadas ayudas públicas. En este sentido, también reclama a la Unidad investigar el origen del dinero con el que Ouviña adquirió un Lexus y un Audi.

El auto del Juzgado pide a Blanqueo que analice igualmente la investigación realizada a otra entidad, Promociones Industriales Curota que, según asegura, fue constituida por Dávila Ouviña nada más obtener la libertad provisional, que abrió una cuenta a nombre de dicha empresa y recibió en abril de 2012 un traspaso de 148.000 euros procedentes de la cuenta de otra sociedad, Gestimists. Por último, el auto judicial solicita el estudio de movimientos y titularidades de otra cuenta bancaria en una tercera entidad ubicada igualmente en la población natal del principal investigado, Dávila Ouviña.