El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Jerez ha dictado, a través de su magistrado titular, la sentencia referida a la moción de censura llevada a cabo por los concejales del PP con el apoyo del ex edil de Izquierda Unida el pasado 27 de diciembre de 2017. Esta acción política apartó de la Alcaldía al socialista Antonio González Carretero hasta el pasado 2 de marzo, fecha en la que se incorporó a su despacho tras las medidas cautelares dictadas por el juzgado jerezano, que ahora han sido ratificadas.

En este sentido, Antonio González Carretero mostraba ayer "su satisfacción por la sentencia que viene a confirmar las medidas cautelares que ya se tomaron y demuestran la burda operación que el PP con la ayuda de un tránsfuga llevaron a cabo en nuestro municipio con el solo fin de alcanzar el poder a todo costa, saltándose la ley y la voluntad de los ciudadanos".

Para el regidor socialista vallense "la sentencia es muy contundente, habla de mala fe y temeridad" y "ahora si tuvieran un mínimo de coherencia y decencia política deberían pedir perdón al pueblo de San José del Valle por el triste espectáculo que el PP y el tránsfuga de IU han protagonizado a sabiendas de la ilegalidad de sus acciones" para posteriormente "dimitir de sus responsabilidades porque han quedado invalidados ante unos ciudadanos que han visto como se ha intentado tergiversar la voluntad popular a través de una operación oscura que ha sido suspendida contundentemente por la justicia".

La secretaria provincial del PSOE, Irene García, ha pedido responsabilidades al Partido Popular en el ámbito provincial y local, a los que culpa de haber paralizado durante varios meses muchas de las actuaciones que estaban marcha en el municipio.

En este sentido, la dirigente socialista ha exigido responsabilidades al PP, que en su opinión, "debe pedir perdón, además de ser condenado en costas en este procedimiento", por lo que "debieran explicar públicamente a qué se debía ese intento de maniobra política para torpedear una actuación municipal en esos términos". Irene García cree que Antonio Saldaña y Antonio Sanz, como responsables del PP en la provincia de Cádiz, "deben explicar a qué se debía esta maniobra y depurar responsabilidades respecto a los artífices y protagonistas de esta actuación".

Estas exigencias coinciden con las del alcalde, quien cree que "por higiene democrática la dirección provincial y andaluza del PP deberían dar explicaciones inmediatas, porque sus concejales en San José del Valle han quedado totalmente desautorizados para hacer frente a las próximas elecciones municipales y el letrado que los ha representado con argumentos jurídicos insostenibles es nada más y nada menos que el candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz", Juancho Ortiz.

La sentencia no es firme y por tanto puede ser recurrida.