El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunciaba en la tarde de ayer que el Gobierno central destinará más de 83,3 millones de euros del Fondo de Financiación de Entidades Locales, en concreto del Fondo de Ordenación, para la financiación de deudas contraídas por un total de 13 ayuntamientos andaluces con diferentes organismos públicos, a fin de que "puedan regularizar su situación dentro del marco legal establecido y beneficiarse de las diferentes ayudas y subvenciones públicas a las que habitualmente optan los ayuntamientos", dijo.

Este plan de refinanciación beneficia especialmente a la provincia de Cádiz. De los 13 consistorios andaluces incluidos, cuatro corresponden a la provincia de Cádiz, como son Arcos, Espera, Tarifa y Puerto Serrano. Además, del montante total para Andalucía, 60 millones serán para refinanciar las deudas de estos cuatro municipios, es decir, el 72 por ciento del total.

"Es un exponente del compromiso del Ejecutivo con las administraciones"

Esta situación conllevará que los cuatro ayuntamientos, que durante muchos meses se han encontrado en una auténtica asfixia financiera, por cuanto sus deudas les han impedido negociar nuevos fondos, ayudas o préstamos, puedan volver a mirar a ese 'mercado'. Uno de los principales balones de oxígeno con la que podrán volver a respirar será la participación en los ingresos del Estado, la conocida PIE. Eso sí, habrá que ver si cada municipio los recibe de forma íntegra o en el plan de financiación aprobado se acuerda un porcentaje. Si se determina que ingresen todo, Arcos podrá volver a recibir cada mes algo más de 520.000 euros; Espera, unos 54.000 euros al mes; Tarifa, unos 270.000 euros; y Prado del Rey, alrededor de 90.000 euros.

Aunque las cantidades que recibirá cada ayuntamiento aún no han trascendido, este periódico ha podido saber que, sólo entre Arcos y Tarifa se librará el 88% de los 60 millones, es decir, más de 52 millones de euros.

Sanz detalló ayer que, según el acuerdo adoptado esta semana por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), con esta medida los ayuntamientos beneficiados podrán hacer frente a sus deudas con la Administración Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social y el Instituto de Crédito Oficial, lo que contribuirá a "la sostenibilidad financiera de esos municipios, propiciando la paulatina normalización de sus cuentas públicas".

Sanz manifestó que esta medida "es exponente del compromiso del Ejecutivo para que las administraciones públicas paguen sus deudas y sostengan los servicios públicos".