Crisis en los puertos

Dos meses llenos de incertidumbre

  • La propuesta del CES para desencallar la prolongada negociación laboral de la estiba gira sobre tres argumentos: el mantenimiento del empleo, mejoras organizativas y ayudas públicas

Un camión cargado con un contenedor en el puerto de Algeciras Un camión cargado con un contenedor en el puerto de Algeciras

Un camión cargado con un contenedor en el puerto de Algeciras / Erasmo Fenoy

Este lunes volverá a ser una jornada clave para la evolución de la negociación sobre la reforma de la estiba portuaria. Los sindicatos y la patronal tienen previsto pronunciarse hoy mismo sobre la propuesta de mediación que hizo el pasado jueves el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, para tratar de salvar el enésimo desencuentro de la mesa negociadora –en la que también está presente el Gobierno– y buscar una salida a la incertidumbre en el sector que suma ya dos meses. Hoy también se cumplen dos meses exactos desde que el Gobierno anunciara su hoja de ruta para liberalizar la estiba mediante un decreto ley, que luego fracasó por falta de apoyos políticos en su trámite de convalidación parlamentaria. Con él, el Ejecutivo buscaba dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a España desde diciembre de 2014 a modificar tres artículos de la Ley de Puertos. La sentencia pide cambios en el sector por entender que el modelo actual, basado en las Sagep como empresa puente entre las compañías estibadoras y los trabajadores, conculcan el derecho de libertad de establecimiento de la Unión Europea. La UE rechaza que las empresas estibadoras tengan que ser accionistas de las Sagep de cada puerto, y que éstas a su vez sean las únicas empresas que tengan estibadores en sus plantillas. La semana pasada comenzó con un clima de negociación en el que pocos apostaban por un entendimiento entre la patronal Anesco y los sindicatos, que habían presentado días antes sendas iniciativas diametralmente opuestas para pactar la aplicación laboral de la reforma. Sin embargo, el acuerdo llegó el miércoles a raíz de cesiones por la parte social y empresarial. Los estibadores estaban dispuestos a una rebaja salarial de hasta el 10% y a asumir jubilaciones forzosas para aligerar la plantilla en los puertos con menor actividad. Y la patronal estaba de acuerdo en pedir por primera vez la subrogación de todos los estibadores a cambio de ayudas para compensar el mayor coste de la mano de obra respecto de un escenario con trabajadores recién contratados. El Gobierno rechazó la propuesta alegando una vez más que la subrogación de los trabajadores por ley, como exigen los sindicatos, carece de encaje en el marco de la Unión Europea. Ni tampoco la concesión de ayudas públicas para compensar los costes de empresas privadas. Se acababa de producir el enésimo enroque de una de las partes y, como consecuencia, un nuevo estancamiento de la negociación.El mediador Marcos Peña planteó apenas 24 horas después como posible solución la elaboración de una normativa transitoria para salvar el escollo de la subrogación laboral. El Gobierno, que la víspera se había negado en redondo a asumir la propuesta refundida de la patronal y sindicatos, contestó al requerimiento de Peña en apenas dos horas y puso sobre la mesa como solución la redacción de un reglamento. Se trata de una fórmula legal escrita como la ley, pero de carácter supletorio, que no puede contradecir a otra norma. Todas las partes tienen como límite hasta mañana martes a las 13:00 horas para contestar formalmente al CES.Peña reconoce que tras más de 40 días de conversaciones y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo global, ha de buscarse una solución intermedia entre los planteamientos de las tres patas de la mesa negociadora. El presidente del CES propone como aspectos esenciales del acuerdo el mantenimiento del empleo de los estibadores con un instrumento legal que se considere suficiente; contribuir a la mejora organizativa del sector respetando la legalidad y comprometer la ayuda del Gobierno para minimizar el daño. Sobre el empleo, Peña estima que la aplicación de la sentencia de la UE que exige liberalizar la actividad de estiba portuaria exige una normativa transitoria. “Conscientes de que se mantiene la actividad, se debe garantizar la continuidad en el empleo”, por lo que propone que dicha garantía tenga la forma jurídica que el Gobierno “considere suficiente”. La subrogación laboral está recogida como tal en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, Peña propone reforzar esta cuestión con esa normativa anexa. Sobre las medidas para mejorar la productividad en los puertos, el texto elaborado por Marcos Peña asume los planteamientos que los sindicatos y patronal de la estiba incluyeron en el principio de acuerdo que alcanzaron el miércoles y que rechazó el Gobierno, a excepción de una. Se trata de la petición de las empresas de ayudas para compensar el mayor coste laboral que soportarían al subrogar estibadores frente al de contratar nuevo personal. En cuanto a las ayudas públicas que el Gobierno está dispuesto a dar para prejubilaciones y bajas voluntarias, Peña reconoce que servirán para reducir el impacto social de las medidas orientadas a la mejora de la productividad en los puertos.Con independencia del resultado de este nuevo intento, el último que asumirá el CESpara salvar las conversaciones según se desprende de su texto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha mostrado partidario de tramitar a la mayor brevedad posible de nuevo la reforma. Y para ello plantea un otro decreto ley como fórmula de urgencia para evitar las sanciones de la Unión Europea. Al igual que el que resultó derogado, tras su aprobación inicial por el Consejo de Ministros el texto debe someterse al Pleno del Congreso de los Diputados y encontrar el respaldo de la oposición para lograr plena vigencia. El mes de abril que ahora arranca es atípico en el calendario de sesiones por mor de la Semana Santa. Sólo habrá Pleno durante la primera y la cuarta semana (del martes 25 al jueves 27), lo que da cierto margen al Gobierno como para no aventurarse a iniciar otra reforma sin garantizarse antes la existencia de un acuerdo satisfactorio que cuente también con la bendición política de la oposición.Algo que también resulta básico para la imagen del Gobierno, que quedó seriamente deteriorada con la histórica derogación del primer texto. Más ahora que ha encontrado cierta estabilidad parlamentaria para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. En esta nueva semana, aunque exista consenso a la hora de asumir la propuesta de Marcos Peña, e incluso la del Ejecutivo con el reglamento como fórmula para articular la subrogación laboral de los estibadores, la resolución de la crisis en los puertos aún tiene recorrido por delante. Habría que redactar el reglamento (o la solución legal de consenso que se adopte) y ser visado por todas las partes previo a la presentación de un nuevo decreto vinculado a éste. Y entre su tramitación y convalidación, aún quedarían varias semanas por delante para dar por zanjada una reforma cuya puesta en marcha llevaba más de dos años sin llevarse a cabo.

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