Hay unos 500 días laborables entre la activación de las negociaciones y el plazo legal para que culmine el Brexit dos años más tarde, lo que quiere decir que los negociadores tendrán que ponerse de acuerdo en los términos del divorcio a una velocidad de 40 medidas legales por día para poder abordar las 21.000 regulaciones y leyes de la UE que necesitan revisarse. La mayoría de estas normativas afectan a Gibraltar y muchas de ellas a España. El problema principal es que el Reino Unido dejará el mercado único, aunque buscará un acuerdo comercial que asegure "las menores fricciones posibles" a la hora de comerciar con bienes y servicios con los países de la UE.

Además, las empresas y el sector público necesitaran un periodo de tiempo para adaptarse a las nuevas reglas tras el Brexit. Tras los dos años previstos, habrá "un periodo de implementación" antes de que Reino Unido esté totalmente al margen de la regulación de Bruselas. Además, la UE llevará a cabo una supervisión financiera de Reino Unido hasta 2024, porque así está comprometido en los diferentes proyectos financiados con fondos europeos, algunos de ellos en el Peñón.

El Gobierno británico se ha comprometido a proteger los derechos de los 2,8 millones de europeos que residen en Reino Unido. Pero este compromiso solo se llevará a cabo si los derechos del millón de británicos que residen en otros países de la UE se mantienen. Un capítulo especial tiene la presencia de británicos en España. Según datos del Gobierno británico son alrededor de 350.000, aunque otras cifras hablan de cerca de un millón de residentes británicos más o menos estables en las cosas españolas.