La provincia aumentó empleo público un 4% durante 2017

  • Las administraciones registran un incremento de más de 2.800 trabajadores mientras los sindicatos denuncian la continua reducción de plazas

  • En una década se han perdido 5.000

En un año, la provincia ha incrementado su número total de empleados públicos un 4%. Así se desprende del último informe publicado por el Ministerio de Administraciones Públicas que expone que, a 31 de julio de 2017, existían en la provincia 74.282 trabajadores de la función pública, repartidos entre los que directamente lo hacen para alguna dependencia estatal (ministerios y sus organismos), para la comunidad autónoma (igualmente, en las diferentes consejerías y entidades dependientes), para la administración local y para las universidades. Lo destacable de esta cifra es el incremento en 2.816 funcionarios con respecto a los que existían en julio de 2016. Además, se da la circunstancia de que, según ese informe, ha sido la administración local la que ha tirado del aumento de funcionarios: si en julio de 2016 había en la provincia 13.940 trabajadores públicos, en julio pasado la cifra subió hasta los 16.448, es decir, 2.508 más (un 18% más). El número de empleados de la Junta también se ha incrementado, pasando de 33.139 a 33.871 (732 más). Por último, la Universidad ha rebajado sus efectivos , pasando de 2.286 a 2.203.

Pero en estos datos hay un problema. Lo pone de manifiesto el sindicato CSIF en Cádiz. Su responsable de Adminsitración Local, Francisco Silvestre, recuerda que "estamos bajo la aplicación de la tasa de reposición que impuso el Gobierno, según la cual sólo se puede sustituir en la función pública a un funcionario por jubilación y sólo en el año en curso, con lo que si no se han pedido las de años anteriores, se pierden. Por tanto, el número de funcionarios, ya sean de carrera o laborales, no puede haber aumentado en ninguna de ellas".

Pero lo cierto es que los datos oficiales dicen lo contrario. Qué puede haber ocurrido? En opinión de CSIF, la única explicación es que se hayan sumado todos aquellos trabajadores que en el último año formaron parte de los distintos planes de empleo. "Pero, claro, estamos hablando de contratos que van de 1 a 6 meses, que no son funcionarios ni laborales, son eventuales, y eso nunca puede computar en ese dato general", explica Silvestre. Sea como fuere, su conclusión es que el sindicato calcula que los distintos ayuntamientos siguen padeciendo un déficit en el número de funcionarios. Su cálculo, un 25%. Es decir, si el dato del Ministerio habla de casi 16.500 trabajadores públicos en la Administración Local gaditana, para garantizar la prestación correcta de todos los servicios habría que subir hasta los 20.000.

La realidad hoy, para CSIF, es bien distinta a la que reflejan esos datos oficiales. Según explicó Silvestre, hay cuatro o cinco colectivos de trabajadores públicos que "necesitan de forma urgente ampliar plantilla". Se trata de bomberos, policías locales, trabajadores de limpieza, de vías y obras y de servicios sociales. "Sólo en los bomberos" -añade-, "haría falta duplicar la plantilla en la provincia de Cádiz". También detalla el sindicalista que se está produciendo otro fenómeno. "Se están empezando a recuperar servicios a la ciudadanía a través de empresas privadas, para progresivamente convertir esa empresa en pública. Pero claro, esos empleos no deben contar en la estadística que se ha publicado", culminó.

Pero para hacer este análisis hay que saber de dónde se viene. Durante la crisis varios ayuntamientos de la provincia como Barbate, Los Barrios o La Línea tuvieron serios problemas para cumplir con la nómina de sus trabajadores y el caso más emblemático, por su tamaño y por todo lo que acarreó, fue el de Jerez que acometió en 2012, bajo la gestión del PP, un polémico ERE que afectó a 300 empleos públicos, al considerar inflada su plantilla y suponer un serio problema para la estabilidad económica de un ayuntamiento prácticamente en quiebra. A día de hoy, y tras no poder cumplir la socialista Mamen Sánchez, su promesa de readmitir a todos los despedidos aún quedan flecos de aquella drástica medida.

Más allá de la vigencia de la tasa de reposición que aplica la normativa, lo cierto es que, según las propias estadísticas del Ministerio, el número de trabajadores públicos en la provincia se ha reducido en todas menos en una, la Universidad, en la última década. Así, en 2007 existían en Cádiz 22.460 empleados que trabajaban para el Estado (700 más que hoy, un 3,2% más). Para la Junta trabajaban hace diez años 34.885 personas (1.014 más que ahora, un 3% más). Para los ayuntamientos y Diputación, desempeñaban su labor 19.105 trabajadores (2.656 más que en 2017, un 16% más). Por último, la Universidad tenía 2.169 empleados, por los 2.203 de hoy. Ha perdido 34 personas en diez años.

Dando por buena la estadística ministerial, el total de funcionarios que trabajaban en la provincia hasta julio pasado la sitúan en el octavo puesto nacional (su lugar natural por número de habitantes), por detrás de Sevilla, Málaga, Madrid, Alicante, Valencia, Barcelona y Murcia.

Si se distingue por administraciones, resulta que Cádiz es la segunda provincia de todo el país (sólo superada por Madrid) donde trabajan más funcionarios del Estado. Desarrollando su función para la comunidad autónoma, Cádiz ocupa la décima posición. Para la administración local, el total de funcionarios otorga a la provincia la séptima posición nacional. Por último, los trabajadores de la universidad dejan a Cádiz en un preocupante puesto 19.

Del total de trabajadores públicos que desarrollan su labor en la provincia para el Estado, destacan los 10.925 que lo hacían para las Fuerzas Armadas. Un año antes, eran 11.048. Asimismo, en julio de 2017 había en la provincia 4.649 efectivos de Cuerpos de Seguridad del Estado (quinta de España), mientras que un año antes eran 4.705 efectivos.

En cualquier caso, de la falta de efectivos son conscientes los entes locales. El Ayuntamiento de Arcos tiene previsto sacar plazas de interinos para cubrir puestos de "urgente necesidad" . Así lo anuncia la delegada municipal de Personal, María José González. Además, el Consistorio sacará las plazas interinas y tiene previsto poner punto y final a la promoción interna de funcionarios para que éstos puedan acceder mediante oposiciones a sus plazas en propiedad.

Los sindicatos del Ayuntamiento de Chiclana han denunciado que padecen un déficit de la plantilla municipal de un 10% y reclaman un aumento "de manera progresiva". En total, el Ayuntamiento, más las empresas municipales Chiclana Natural y Emsisa, dispone de una plantilla de 762 personas, entre funcionarios y personal laboral. Sin embargo, este municipio ha sufrido un incremento en la población y por ende en las demandas que la ciudadanía viene generando en dotación de servicios públicos. Aseguran que en la mayoría de las delegaciones municipales existe la necesidad de incrementar la plantilla y censuran el organigrama de la Relación de Puestos de Trabajo: "Hay casos en que en un área hay demasiados indios y un jefe y al revés; es decir un jefe sin indios".

El Puerto tiene 428 funcionarios entre los de carrera e interinos y 216 laborales entre fijos y temporales. En total 644 empleados. Se han perdido unas 140 plazas que no se han cubierto desde el año 2012 por aplicación del Plan de Ajuste aprobado por el anterior gobierno local. Dada la situación de insuficiencia de personal, el actual Gobierno Municipal se encuentra inmerso en un estudio de reorganización de la plantilla. La teniente de alcalde de Personal, Mª Eugenia Lara, recuerda que muchos de los arreglos que se han llevado a cabo en diversas zonas de la ciudad en materia de infraestructura se han ejecutado con personal de los planes de empleo.

En San Fernando, el último informe de agosto de 2017 de Comisiones Obreras contabiliza 366 plazas ocupadas: 236 funcionarios y 130 personal laboral. A esas cifras hay que restarle el personal retirado en los últimos meses. Las vacantes son más de 100, aunque en los últimos presupuestos solo se contemplan 32 para reservar su coste.

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