Provincia de Cádiz

La provincia sumará entre cuatro y seis inspectores de trabajo "a corto plazo"

  • La Junta reconoce que la siniestralidad en Cádiz subió por encima de la media

La provincia de Cádiz contará "a corto plazo" con entre cuatro y seis nuevos inspectores de trabajo para luchar contra la siniestralidad laboral. Así lo anunció ayer el consejero de Empleo, Antonio Fernández, quien también explicó que la futura estrategia de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía, que estará vigente de 2009 a 2012 y que negociarán este año con empresarios y sindicatos, se basará en el incremento del "fomento de la seguridad laboral" en las pequeñas y medianas poblaciones, que "acumulan mayor número de accidentes laborales".

En declaraciones previas a la inauguración de unas jornadas de Prevención de Riesgos Laborales organizadas por UGT en Cádiz, Fernández aludió a un "progresivo desplazamiento general" de la siniestralidad laboral de las grandes ciudades a las medianas o pequeñas poblaciones.

El consejero se refirió al 2007 como "un mal año en materia de salud y seguridad laboral", especialmente para la provincia de Cádiz, donde, según dijo, "creció por encima de la media andaluza". En este sentido, puntualizó que la siniestralidad descendió en la industria y en el sector servicios, pero experimentó un "incremento muy importante en el sector primario" (agricultura y pesca), lo que achacó a las ocho víctimas mortales del accidente del pesquero Nuevo Pepita Aurora.

Así, señaló que, junto al incremento de la cultura preventiva en los núcleos poblacionales pequeños y medianos, "se espera incrementar el número de inspectores de trabajo". Según dijo, el objetivo planteado es aumentar las plantillas de inspectores y subinspectores en "más de 1.000 personas" en todo el territorio nacional, aunque se pretende la incorporación "de unos 250 a corto plazo". De ellos, "unos 40" irían a parar a Andalucía, y "entre cuatro y seis" a la provincia de Cádiz.

Finalmente, indicó que un tercio de estos nuevos inspectores provendrán de oposiciones, otro tercio serán técnicos de prevención de riesgos laborales «ascendidos» y el tercio restante serán funcionarios del grupo A "con méritos suficientes para ser inspectores".

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