"La carga de trabajo de muchos Juzgados de Cádiz supera lo razonable"

  • El presidente de la Audiencia de Cádiz culpa de los retrasos a la falta de medios y de un jefe de la oficina judicial

La carga de trabajo de muchos Juzgados de la provincia de Cádiz es superior a lo razonable, no es acorde con la plantilla de que disponen, y eso provoca un problema de lentitud en la tramitación de los procedimientos judiciales que no acaba de encontrar solución. Esa es una de las causas del retraso generalizado que afecta a todos los órganos judiciales, según el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, quien apunta otras no menos importantes: la ausencia de un jefe de la oficina judicial que asuma la tarea de estar pendiente del desarrollo de todo el trabajo y que lo impulse y el incumplimiento sistemático de los plazos que marca le ley para los distintos trámites.

Los Juzgados gaditanos, como los de otras provincias, registran retrasos en la ejecución de sentencias. Es un problema preocupante que enlaza con otros también relacionados con la lentitud en la tramitación de los numerosos asuntos que cada día pasan por los órganos judiciales.

Lorenzo del Río destaca que hacen falta plantillas adecuadas, carga de trabajo razonable y una distribución correcta de ese trabajo. Mientras ese edificio no esté levantado, dice, la Justicia vive en vilo permanente y en cualquier momento puede darse una situación como la del pederasta del caso Mari Luz.

Los Juzgados de lo Penal de la capital gaditana, por ejemplo, superan en un 15% el número de asuntos considerado razonable, según los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Superan pues la carga d trabajo que deberían tener para poder exigirles un funcionamiento exento de retrasos. Esa circunstancia afecta a la ejecución de sentencias, a todo el procedimiento que es necesario poner en marcha para que se cumpla una resolución judicial.

En ello también influye, según señala el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, un problema que el Gobierno no acaba de resolver: falta un jefe en cada oficina judicial. Ese papel lo desempeña teóricamente el secretario, explica Lorenzo del Río. Pero los secretarios judiciales están esperando una reforma que no acaba de llegar y que debe desarrollar un reglamento que les otorgue ese mayor protagonismo que tendrían en la oficina judicial.

Del Río sostiene que hasta que no se regule el funcionamiento de la oficina judicial, hasta que no se ponga en marcha la reforma prevista que debe situar al secretario judicial como responsable, no habrá forma de acabar con el problema del retraso en la tramitación de los procedimientos judiciales.

Un retraso que afecta también a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, donde destacan, por ejemplo, los casos de Chiclana y La línea.

De acuerdo con los módulos establecidos por el CGPJ, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no debería superar los 2.500 asuntos penales y los 380 civiles. Los Juzgados de la Línea superan en un 14 % el módulo para asuntos civiles y en un 37% el establecido para penal. Los Juzgados de Chiclana tienen aún más problemas: superan en 58% el número de asuntos civiles y penales considerado razonable.

En otros Juzgados que no padecen ese problema de exceso de carga de trabajo también hay retrasos en la tramitación de asunto. En esos casos, las causas son otras y entre ellas está, por ejemplo, una movilidad de plantilla que hace que se haya dado el caso de que algún órganos judicial haya renovado completamente su personal dos y hasta tres veces en un año.

Otro problema no resuelto es el sistemático incumplimiento de los plazos procesales. Lorenzo del Río cree que hay dos posibles causas: que los plazos no están adecuados a la realidad y se han quedado obsoletos, o bien que hay conductas inadmisibles. Salvando los asuntos complejos, para un procedimiento penal, anota Del Río, un plazo de seis meses para juzgarlo sería lo admisible.

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