"Soprende que la persona que está enferma, que viene buscando ayuda, sea quien agrede", afirma el secretario del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, Gaspar Garrote. Casi la mitad de las agresiones a estos profesionales sanitarios en la provincia en 2017 vinieron por parte de los pacientes programados. El tiempo en ser atendido o las discrepancias con la atención médica fueron las principales causas de estos episodios violentos a nivel provincial, con los familiares como el segundo tipo de agresor.

Los números del registro elaborado por el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial, a través de las estadísticas que realizan los distintos colegios, sitúan a la provincia a la cabeza con un total de 31 agresiones. Es un problema "muy serio", recuerdan desde el colegio. Los hemos visto en las últimas semanas en Jerez, en La Línea, y "quedan muchísimas por denunciar", añade Garrote. Eso sí, "cada vez hay más compañeros que lo comunican y desde el colegio estamos haciendo un trabajo por sensibilizar". Este año, el 87% de los facultativos agredidos que acudieron a los servicios jurídicos del colegio optó por presentar denuncia.

En el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitarios, que se conmemoraba ayer, el Colegio gaditano insistió en la importancia de denunciar, de reforzar las medidas preventivas para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario, con un tratamiento multidisciplinar del problema. Bajo el lema "ante las agresiones a sanitarios, tolerancia cero", presentó sus datos: 31 médicos agredidos, siete menos que en 2016. Sus números complementan a los facilitados por Satse hace unos días, que contabilizaba 128 agresiones a todo tipo de sanitarios, 25 físicas. Cádiz es la quinta provincia andaluza.

El secretario de los colegiados, también miembro del Observatorio nacional de agresiones, resalta que disminuyen los ataques físicos aunque no así las amenazas, una cuestión que relacionaba con la repercusión penal que están teniendo los primeros, considerados como delitos a la autoridad. "El 25% de las sentencias de condenas en estos casos recogen penas de prisión", señalaba, por lo que piden que las amenazas, insultos, intimidaciones y coerciones sean considerabas agresión y por tanto también delito contra la autoridad.

Entre los datos provinciales, el 64,5% de las agresiones tuvo lugar en el ámbito de la atención primaria de salud, bien en consultas programadas o en urgencias extrahospitalarias, mientras que el 29% se dio en hospitales y urgencias hospitalarias. El tiempo en ser atendido (26%) o las discrepancias con la atención médica (22,6%) fueron las causas más frecuentes. Entre los 31 casos registrados, no hubo diferencias significativas en cuanto a sexo del profesional agredido y la tipología del agresor, en el 48% de los casos fue un paciente programado y el 26% un familiar del paciente.

Garrote lamentaba el "ambiente de hostilidad" en el que a veces tienen que hacer su trabajo y hacía llegar a los compañeros que ante un problema "muy serio" y "ante la sensación de desamparo que pueda aflorar" en el momento o después, "no están solos". El colegio, además, ha actualizado el protocolo para que los colegiados sepan cómo actuar en caso de agresión.