Sociedad

Bruselas expedienta a España por niveles de contaminación nocivos

  • La Comisión da un últimatum a España para que regularice las autorizaciones a las industrias para minimizar emisiones.

Los niveles de contaminación nocivos en España están por encima de lo permitido. Esta es la afirmación de la Comisión Europea, que ha decidido abrir un expediente a España y otros nueve estados miembros de la Unión Europea (Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Grecia, Italia, Países Bajos y Portugal) por incumplir las normas comunitarias de calidad del aire que regulan los niveles de las partículas en suspensión peligrosas, conocidas como PM10.

Además, Bruselas ha lanzado un ultimátum a ocho países europeos, incluído España, para que regularicen la actualización de sus industrias para minimizar las emisiones contaminantes.

La Comisión expedienta a estas diez naciones europeas tras la entrada en vigor, el pasado mes de junio, de la nueva Directiva de la UE sobre la calidad del aire, que permite a los Estados miembros solicitar en determinadas condiciones y para zonas concretas de su territorio una prórroga limitada del plazo fijado para ajustarse a los niveles del PM10 que se encuentran en vigor desde el año 2005.

Según Stavros Dimas, Comisario europeo del Medio Ambiente, "dado que la contaminación tiene graves efectos sobre la salud, el cumplimiento de las normas debe ser nuestra prioridad absoluta". El Comisario advierte que aunque la nueva "Directiva sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa", esto no debe retrasar la adopción de las medidas oportunas para reducir las emisiones. 

Europa ha enviado estas cartas de emplazamiento, la primera fase de un procedimiento de infracción, a cada uno de los diez Estados que siguen sin cumplir los valores límites de PM10. Según el Ejecutivo comunitario, en estas cartas, se denuncian casos de superación de estos límites que afectan a 83 millones de personas en 132 zonas de calidad del aire diferentes. 

Sólo se ha abierto este procedimiento de infracción a los países que no habían pedido una prórroga total para cumplir los valores. En el caso de España, sí había pedido una prórroga pero sólo para parte de las zonas que incumplen. Si España no adopta las medidas necesarias para ajustarse a los límites, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Hasta la fecha, son once los Estados miembros que han solicitado una prórroga para todas sus zonas. Además, la Comisión está evaluando si los casos notificados cumplen las condiciones necesarias para a concesión de prórrogas para decidir si se opone a ellas o no hay objecciones.

Otros países han comunicado a la Comisión que está elaborando en estos momentos planes de calidad del aire para las zonas que no cumplen los valores y que en los próximos mese presentarán las solicitudes de prórroga pernitentes.

Últimatum para la regularización de las industrias

España también se encuentra entre los ocho países (junto con Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Grecia, Italia, Países Bajos y Portugal) a los que la Comisión Europea ha lanzado un últimatum por no haber expedido nuevos permisos o actualizado los ya existentes para minimizar las emisiones contaminantes de más de 4.000 instalaciones industriales que ya están funcionando en toda Europa. Dinamarca, Irlanda y Malta también se han visto expedientados por este motivo.

Este ultimátum adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses España no adopta las medidas necesarias para regularizar las autorizaciones de la industria, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).

La normativa comunitaria exigía que, a más tardar el 30 de octubre de 2007, los Estados miembros expidieran nuevos permisos, o revisaran y actualizaran los ya existentes, para todas las instalaciones industriales que se hallaran en funcionamiento desde antes del 30 de octubre de 1999.

Pero los datos facilitados por los propios Estados miembros ponen de manifiesto que once de ellos siguen teniendo todavía un alto número de instalaciones industriales para las que no se han expedido o actualizado los permisos necesarios. Estas instalaciones representan más de 4.000 de las aproximadamente 52.000 a las que se dirige la directiva en toda la Unión.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios