La juez de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) ha enviado a prisión sin fianza a los cuatro principales implicados en la red de fraude de la cadena de Vitaldent, entre ellos su propietario, Ernesto Colman. Veinticuatro horas después de que la Policía Nacional arrestara a trece personas en una operación contra esta red, el máximo responsable de la "organización criminal", en palabras de la Fiscalía, ingresa en la cárcel, al igual que su vicepresidente, Bartolomé Conte, Julio Nicolás Sisinni y Javier Arteaga.

La juez les envía a prisión por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, delito contable y delito de organización criminal. También ha dictado prisión sin fianza para Yolanda Copete y Óscar Arteaga, acusados de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal. La medida se ha tomado a instancias del fiscal Anticorrupción, que ha pedido prisión para la cúpula de Vitaldent tras tomar declaración a los principales responsables del supuesto fraude millonario y a otros detenidos, hasta un total de diez, ya que los otros tres quedaron en libertad tras su paso por comisaría.

La Fiscalía habla de una "organización criminal" dirigida por Colman, quien planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las 430 clínicas con que cuenta la franquicia.

La cúpula de Vitaldent recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena, según consta en el auto de prisión de la juez tras tomar declaración a diez de los trece detenidos. La magistrada considera probado que un grupo de personas, entre ellas el propietario, había diseñado "un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda". Además, la actividad de esta organización había generado una "ingente cantidad de dinero opaco" procedente de una "contabilidad B".

Según el auto, cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10 por ciento de la franquicia acordada. Pero además, se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y a otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales. Y no solo eso. La organización, que disponía de dos contabilidades, utilizaba un sistema informático ad hoc para ello, según el auto, que recuerda que se detectaron "descuadres" es las declaraciones de la Renta de Colman. De hecho, en su declaración del IRPF había defraudado más de 120.000 euros en tres ejercicios.

El propio Colman era quien había ordenado que sus clínicas pagaran en metálico entre 10.000 y 12.000 euros mensuales y obligaba a sus responsables a desplazarse a Madrid para hacer el desembolso. Incluso, a finales de 2015 requirió a algunos para que se pusieran al día en el pago de ese "canon" en B, subraya la resolución de la juez, que también subraya la facturación sin IVA como otra de las conductas irregulares de la red que lideraba Colman y la extensión de su actuación a otros países donde contaba con clínicas. Y los investigadores y la juez han hecho sus cálculos, de tal manera que han cifrado en 17.250.000 euros la cantidad que en B llegaba a manos de Colman y los suyos por los 10.000 euros mensuales de media que recibía en metálico de las 146 clínicas propias. A ello, habría que sumar el 10 por ciento en metálico del total que tenían que pagarle las clínicas franquiciadas. Otras cifras aparecen en el auto, como los 400.000 euros que se encontraron en su casa.

La Policía se incauta de 1,2 millones de euros en efectivo en los registros

La Policía se ha incautado de 1.200.000 euros en efectivo en los registros practicados en la operación Topolino contra la cúpula de la cadena de clínicas Vitaldent, investigada por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa a los franquiciados. Fuentes de la investigación han indicado que además de esta cantidad en metálico, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) se han intervenido de numerosos relojes de lujo.

Fuentes de la investigación aseguran que Colman exigía a sus franquiciados el pago en metálico de determinadas cantidades acordadas todos los meses que, como si se tratara de una caja B, no declaraba a Hacienda. Colman ingresaba estas ganancias en cuentas bancarias de Suiza y Luxemburgo. Una parte de ese capital retornaba a España para ser invertido en más de un centenar de inmuebles, fincas rústicas y vehículos, con lo que culminaba el proceso de blanqueo.

Además del dinero en efectivo incautado en los registros -se han practicado un total de 15 en las oficinas centrales de la empresa ubicadas en Las Rozas (Madrid), en tres despachos de abogados y en domicilios de los detenidos- la Policía se intervino de un avión valorado en un millón de euros y 36 coches de lujo. La Policía también ha bloqueado los saldos de las personas físicas y jurídicas investigadas, repartidos en 25 entidades bancarias, así como los activos financieros de dos Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) por importe de 5 millones de euros. Ha decretado la prohibición de disponer de 124 fincas urbanas repartidas por toda España y de 103 rústicas, así como de los coches intervenidos, de una aeronave valorada en un millón de euros y caballos hallados en una finca en Villacastín (Segovia).