Dos decisiones judiciales anunciadas el viernes obstaculizan las siete ejecuciones previstas en el estado de Arkansas (EEUU) para este mes, durante un plazo récord de 11 días a partir de mañana, que han desatado la condena nacional e internacional, informaron medios locales.

Un juez del condado de Pulaski, Wendell Griffen, emitió el viernes una orden temporal que prohíbe al estado usar uno de los tres medicamentos previstos para las ejecuciones, el bromuro de vecuronio, porque la empresa que se lo vendió, McKesson, presentó una denuncia en la que alega no haber sido informada de que iba a utilizarse para aplicar la pena capital.

La orden, que la Fiscalía General del estado anunció que llevará al Supremo estatal, establece que Arkansas no usará el bromuro de vecuronio obtenido de McKesson hasta que así lo dictamine esa misma corte, donde está prevista una audiencia de urgencia el martes.

El gobernador del estado, el republicano Asa Hutchinson, había justificado su decisión de programar ocho ejecuciones (una ya fue suspendida antes) en 11 días, entre el 17 y el 27 de abril, porque a finales de mes caduca el suministro estatal del sedativo midazolam, uno de los tres medicamentos de las ejecuciones.

Ante la posibilidad de no tener más suministro, dada las dificultades de conseguir ese medicamento y las reticencias de las farmacéuticas a que sus productos se usen para la pena capital, el estado optó por llevar a cabo las ejecuciones antes de que caduque el actual.