Riesgos de exclusión

Las mujeres corren mayores riesgos de padecer la pobreza energética

Una mujer cocina sin luz en casa.

Una mujer cocina sin luz en casa. / Rafael González

Las familias monoparentales (encabezadas por la madre en un 80% de los casos), las mujeres mayores de 65 años, las migradas y las trabajadoras del servicio doméstico son los colectivos con un riesgo más elevado de sufrir pobreza energética.

Así se desprende de un estudio de Ingeniería sin Fronteras (ESF) y Alianza contra la Pobreza Energética (APE) presentado este lunes en la Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona, cuyos resultados evidencian que es necesario repensar políticas transversales que resuelvan la problemática e introduzcan un enfoque de género.

El estudio analiza indicadores que revelan los riesgos de exclusión así como las políticas públicas de los ayuntamientos con enfoque de género, sobre todo las de la ciudad de Barcelona, y considera aspectos económicos y de salud relacionados con la falta de acceso al suministro básico de agua y energía que han permitido constatar que el género condiciona la probabilidad de encontrarse en riesgo de exclusión.

Además, el estudio ha podido analizar cuestiones como la vivienda, alimentación, estigmatización de la pobreza, las consecuencias psicológicas y físicas así como la afectación de los menores a través de entrevistas a mujeres en situación de pobreza energética y que participan en la APE.

Irene González, autora del estudio y miembro de ESF, ha explicado que la idea elaborarlo surgió al ver que en asociaciones de base social como la APE o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) "la mayoría eran mujeres", y querían comprobar si efectivamente podían establecer un vínculo entre pobreza energética y diferencias de género.

La autora ha constatado a través de los resultados del estudio que "la pobreza energética no solamente afecta a más mujeres sino que la sufren mucho más", ya que normalmente son ellas quienes se responsabilizan de gestionar la pobreza y de las tareas relacionadas con el suministro de energía.

González también ha destacado las dificultades para encontrar datos fiables ya que "a veces son reduccionistas", se basan únicamente en indicadores matemáticos que no incluyen las desigualdades de género, como pueden ser las diferencias salariales o las dificultades de acceso al mercado laboral.

Por este motivo, el estudio ha contemplado los datos ofrecidos por la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona que se basan en un indicador que se construye en base a la autonomía y los ingresos individuales, a diferencia de los indicadores del Instituto Nacional de Estadística o del Instituto de Estadística de Cataluña que toman como referencia el hogar, sin diferenciar salarios ni la situación familiar.

Además, han cruzado estos datos con otros factores económicos y familiares para identificar las situaciones de riesgo y vulnerabilidad que coinciden con las familias monomarentales (encabezadas por una mujer), las mujeres mayores de 65 años, las mujeres migradas y trabajadoras del servicio doméstico.

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona ofrecieron datos que mostraban que, de las personas que acudían a las oficinas en busca de ayudas, había el doble de mujeres que hombres, por lo que concluyen que "la carga de la pobreza es responsabilidad de las mujeres en la mayoría de los casos" y eso las hace más vulnerables.

La autora también ha destacado que no existe un consenso a la hora de definir pobreza energética pero en cambio son claras tanto las causas como las consecuencias, entre las que ha destacado la salud, como ha recordado Cristina, quien sufre pobreza energética y ha explicado que tanto su hija como ella se encuentran ahora resfriadas ya que en su casa la temperatura de estos días es de 12 grados.

Cristina, afectada desde 2015, vive sola con cuatro hijos y ha destacado que "gracias a APE" conoció cuáles eran sus derechos y cómo tenía que actuar, y que ahora ella ayuda a otras personas que se encuentran en su misma situación y está a la espera de que el ayuntamiento pague sus facturas con la partida que destina a pobreza energética, aunque no lo considera "justo" ya que "son los impuestos de todos" y cree que son las empresas quienes deberían responsabilizarse de su situación.

El estudio ha llegado a la conclusión de que es necesario introducir la transversalidad en la aplicación del enfoque de género sobre todo en políticas sectoriales y ha reivindicado que la única forma de garantizar el acceso universal a la energía es que se devuelva su gestión a la administración pública y que se considere la energía desde una perspectiva de derechos.

En este sentido, la autora ha insistido en la idea de "eliminar los oligopolios" ya que las empresas suministradoras de energía no se responsabilizan de estas situaciones y ha pedido que se "creen tarifas reales y sociales adecuadas a la realidad que estamos viviendo".

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