Una medida excepcional para un momento excepcional. El Gobierno central se plantea, y pretende acordarlo con todas las comunidades autónomas, que los residentes de cuarto año de Medicina de Familia pasen a ejercer la especialidad de modo inmediato, haciéndose cargo de las consultas de los centros de salud.

De este modo, se pretende salir al paso de un problema añadido al del déficit de profesionales en determinadas especialidades clínicas, entre ellas la Medicina de Familia. Y es que, en el año que comienza, ningún Médico Interno Residente (MIR) de esta especialidad acabará su formación. Este vacío en las promociones de especialistas dedicados fundamentalmente a la atención primaria en los centros de salud tiene su causa en la aplicación, a partir de la convocatoria de plazas formativas MIR de 2004-2005, de la normativa que eleva a cuatro años la duración del periodo formativo de los residentes de esta especialidad.

La medida tiene un inequívoco sentido de intento de reforzar las relativamente menguadas filas de los médicos que trabajan en los centros de salud españoles ante una situación excepcional y técnicamente no supone, en teoría, una conculcación de los derechos de los MIR. En la legislación vigente está prevista la potestad gubernamental de recurrir a esta medida y en el propio programa formativo de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria se le reconoce a un residente de cuarto año, según fuentes del Ministerio de Sanidad, la capacidad de "participar activamente en todas las actividades del centro de salud y hacerse cargo de forma autónoma y completa de una consulta sin la presencia del tutor".

El acuerdo que propondrá el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas precisa que "de forma excepcional y durante el periodo que va desde junio de 2008 a mayo de 2009, se autoriza a los residentes de cuarto año en formación de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, para compatibilizar la conclusión de su periodo formativo con el desempeño de las funciones de médico de familia, siempre que el tutor del residente no manifieste por escrito su criterio en contra".

En el caso concreto de la comunidad andaluza, fuentes de la Consejería de Salud explicaron que la Administración autonómica apoya esta propuesta, ya que "resulta interesante y viene a resolver una situación excepcional, aunque hay que garantizar unas condiciones de calidad".