Fernando de Pablo será sustituido por José Ávila en el “procedimiento específico”, y Carlos Sierra y Rafael Ramírez renuncian a defenderlo en la pieza de la ayudas a su ex chófer y en la causa de los “contratos fantasma” de Umax.

El ex presidente reconoce que "sabía" que se daban ayudas sociolaborales pero ignora el procedimiento y la cuantía de las mismas. Chaves discrepa con Griñán sobre el grado de conocimiento que tenía el Consejo de Gobierno sobre las ayudas bajo sospecha, y defiende que este órgano no podía conocer cuestiones como el importe o el contenido de las mismas.

Ordena que se investigue por un juzgado la documentación aportada por el sindicato para investigar “posibles ilícitos penales”.

Aseguran que "no existe base jurídica" para decir que un porcentaje "incumple la ley", porque el "mercado es libre".

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández defiende que el programa 31L de las ayudas no pudo pasar desapercibido para la Cámara de Cuentas, que no encontró "ninguna ilegalidad" en diez años.

El tribunal acepta la petición del PP de dar lectura a la declaración de Fernández ante Alaya, donde se le formularon más de 500 preguntas.

El ex consejero de Empleo sostiene que "nunca" le dio órdenes para que concediera una ayuda ni el ex director de Trabajo le consultaba las cuantías.

Justifica que llamara la atención al ex consejero Francisco Vallejo porque tenía los pies estirados sobre el estrado y la defensa de Vallejo aclara que padece una "hernia de disco" que le provoca dolores cuando está mucho tiempo sentado.

El ex secretario general técnico de Empleo sostiene que no le podía extrañar el programa de ayudas porque iban dirigidas "a las comarcas y a los ciudadanos" en periodos de crisis económica.

El ex consejero defiende que el convenio marco de 2001 era "correcto y legal" y nunca recibió la "más leve sospecha de irregularidad".