Las discrepancias sobre la posibilidad de abordar la eliminación del canon digital fueron las que alejaron del todo cualquier acuerdo de última hora entre el PSOE y el PP para salvar la llamada ley Sinde. 

Fuentes parlamentarias de los grupos socialista y popular han comentado cómo fueron las últimas negociaciones sobre la disposición de la Ley de Economía Sostenible relativa a las descargas de internet, unas negociaciones que encabezaron por la parte socialista el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, y el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, en tanto que por el PP fue Soraya Sáenz de Santamaría la que llevó las riendas, aunque siempre en conversaciones con su número dos, José Luis Ayllón, y el diputado José María Lasalle, autor de las enmiendas del grupo popular. 

La portavoz del PP en el Congreso, además, informó en todo momento al líder de los populares, Mariano Rajoy, presente en la Cámara Baja, concretamente en su despacho, donde preparaba la intervención en el debate de la última Cumbre europea. Según indican las fuentes del PP, en el partido y en el grupo parlamentario ha sentado mal que el Gobierno y el PSOE intentaran un acuerdo "in extremis, cuando su modelo -sobre las descargas y la propiedad intelectual en internet- se había caído". Indican las mismas fuentes que ya el lunes a última hora el PP supo que ni PNV ni CiU apoyarían la ley Sinde. 

Fue el martes por la tarde cuando la dirección del grupo popular recibió "el runrún" de que el PSOE estaría interesado en pactar con el PP ese precepto de la ley de Economía Sostenible, algo que confirman las fuentes socialistas consultadas. Primero hablaron Jáuregui y Ayllón y ambos abordaron directamente la posibilidad de llegar a un acuerdo, toda vez que el ministro informó al secretario general del grupo del PP en el Congreso de que el PSOE y el Gobierno estaban estudiando el bloque de enmiendas de los populares. 

Se produjo una segunda conversación y, a instancias de Lasalle, el PP transmitió a los socialistas que su bloque de enmiendas era "un modelo articulado" construido sobre dos pilares: sistema judicial de control de las descargas y una ley de propiedad intelectual en la que se pueda eliminar el canon. El PP, no obstante, indicó que modificar sus enmiendas a última hora era una idea que no le agradaba en absoluto. El PSOE, de acuerdo con sus fuentes parlamentarias, estaba "dispuesto a hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo", aceptando prácticamente todo lo que ofrecía el Partido Popular. 

Alrededor de las 20:00, Alonso telefoneó desde su despacho a Sáenz de Santamaría, y fue entonces cuando saltaron las discrepancias que luego se harían insalvables, pues el Gobierno quería retocar lo que decía el PP sobre la eliminación del canon. Los populares decían en su enmienda que el Ejecutivo, en el plazo de un mes, debía enviar a las Cortes un Proyecto de Ley en el que se abordara, entre otras cuestiones, la eliminación del canon. 

Sáenz de Santamaría, según las fuentes del PP, comunicó a Alonso que esa propuesta de su grupo no se tocaba y que si así lo aceptaba el grupo socialista, los populares estarían dispuestos a aceptar modificaciones sobre el mecanismo de arbitraje de la propiedad intelectual. Alonso llamó de nuevo a su homóloga del PP para reiterarle la intención del Gobierno y del PSOE de alterar la redacción de la enmienda del canon, al ser una "cuestión totalmente distinta" a lo que decía la ley Sinde. El grupo socialista, según sus fuentes, tras un análisis exhaustivo del texto alternativo del PP asumió casi todo lo demás del contenido de la enmienda, pero los populares no lo aceptaron.