Tribunales

Las defensas del caso Arcos plantean prescripción de delitos y piden respuesta individual a alegaciones

  • El juicio, en el que hay 48 acusados, continuará el próximo lunes cuando las acusaciones responderán a estas alegaciones de las defensas

Las defensas de los acusados en el caso Arcos, sobre la presunta corrupción en el municipio malagueño de Alcaucín, han alegado este martes la prescripción de la mayoría de los delitos de los que son acusados sus clientes y han solicitado del ministerio fiscal y al Tribunal una respuesta individualizada a las cuestiones previas planteadas. Además, han pedido la nulidad de varias resoluciones.

El juicio, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga y en el que hay 48 acusados, entre ellos el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, continuará el próximo lunes cuando las acusaciones responderán a estas alegaciones de las defensas. El fiscal ya ha adelantado su intención, "como no podía ser de otra forma", de contestar "a todos y cada uno de los letrados".

Uno de los letrados ha señalado que el "gran problema" que tienen los macroprocesos es que "se hace una imputación global y no se da respuesta a las situaciones individuales, siendo la inercia seguir hacia adelante sin depurar los elementos que afectan a cada acusado", apuntando que "cada delito del que se está invocando la prescripción parte de unos presupuestos específicos".

Por esto, además de instar al fiscal a una respuesta concreta, han pedido a la Sala que "huya de la tentación de dar una respuesta genérica" a sus peticiones, considerando que no hay que pasar por el trámite del juicio para declarar la prescripción, lo que "aliviaría el procedimiento". El Tribunal ha pedido a los abogados que aporten las fechas para poder examinar "caso por caso".

Asimismo, el letrado José Carlos Aguilera, defensa del que fuera jefe de Arquitectura de Diputación, José Mora, ha puesto de manifiesto que en este caso ha habido una "investigación prospectiva, es decir, no tenemos nada, vamos a averiguar" y ha pedido la nulidad de varias resoluciones y que se expulsen del proceso pruebas "manifiestamente ilícitas" obtenidas a raíz de dichos autos.

Así, ha aludido a varios mandamientos de la policía judicial de los que no se dio traslado al fiscal, que, en ese momento, "era el garante de los derechos de los ahora acusados". Por eso, ha instado a la nulidad de los autos dictados por la jueza de instrucción a raíz de esos mandamientos, relativos a intervenciones telefónicas y registros.

Ha añadido, además, que es "anómalo" que los escritos de la policía judicial en algunos casos no tengan sello de registro de entrada, considerando que "existen más que notables motivos de nulidad de los autos mencionados". También ha considerado que las prórrogas de detención no estuvieron justificadas y que los imputados pasaron "un calvario".

Otras defensas han considerado que el fiscal "se ha extralimitado en su función acusatoria", apuntando que se pronunció "con deslealtad procesal", cuando se les achacaron delitos que no estaban contemplados en el auto de procedimiento abreviado. Además, han señalado, como ya hiciera este pasado lunes el abogado del exalcalde, que no se les tomó declaración por determinados hechos.

Asimismo, un letrado ha planteado una cuestión prejudicial relacionada con qué categoría del derecho urbanístico se van a ver en el juicio, asegurando que "los técnicos de la Junta que asisten al instructor y al fiscal conciben una visión jurídica absolutamente parcial, sólo es suelo urbano aquel que como tal esté determinado en el plan".

Han indicado que los informes urbanísticos, "que nos siguen llegando todos los días" incluso ya empezado el juicio, están "cojos", porque, en su opinión, "se olvidan deliberadamente de toda la doctrina jurídica consolidada que alude al suelo urbano de facto y a la fuerza normativa de los hechos", con independencia del planeamiento.

La Sala ha dado la razón a los letrados en cuanto a los "miles" de folios que quedan por escanear y ha señalado que "se siguen haciendo gestiones" con la Junta de Andalucía.

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