Finanzas

La Junta realiza 160 inspecciones de invernaderos en el primer semestre

  • El reetiquetado de tomate de Marruecos como almeriense y vender productos ‘eco’ cuando no cumplen, principales infracciones

Esta práctica fraudulenta pone en peligro el futuro del sector. Esta práctica fraudulenta pone en peligro el futuro del sector.

Esta práctica fraudulenta pone en peligro el futuro del sector.

La delegada de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Aranzazú Martín ha declarado a la revista Aenverde de la asociación Coexphal que, en el primer semestre del año 2019, se han realizado 160 inspecciones en los invernaderos de Almería.

Control de fitosanitarios, calidad de los productos, especialmente relacionado con el control del corte realizado en el punto óptimo de maduración, garantizando los grados brix precisos para ofrecer al consumidor todo el sabor y dulzor, propio de estas frutas y reetiquetado de productos de terceros países han sido los temas que han centrado las inspecciones.

La delegada ha destacado que el reetiquetado de tomate de Marruecos como de Almería y comercializar productos como ecológicos cuando no cumplen con los requisitos para su venta como tales, por utilizar fitosanitarios no autorizados, son las dos infracciones más frecuentes con las que se encuentras los inspectores.

Ha afirmado que, “no es ilegal traer productos de terceros países, lo que es ilegal es etiquetarlos como si su origen fuese Almería”. “Estamos llevando una labor muy minuciosa en este sentido porque es unas de las principales reivindicaciones del sector”. Ha señalado también que la labor de inspección no pueden hacerla solo desde la Consejería de Agricultura, “es preciso que el Gobierno de España se implique en su labor de inspección en los puntos de inspección fronterizos, donde se debe realizar la principal labor de detección de estos productos”. Según Martín, las sanciones más altas que se están aplicando son precisamente para estas dos acciones ilegales.

El propio sector hortofrutícola demanda más controles y sanciones económicas más elevadas para cortar cuanto antes esta práctica fraudulenta que pone en peligro el futuro de la gran mayoría de agricultores que trabajan honestamente.

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