Los agricultores almerienses miran de reojo y con cierta envidia a sus vecinos franceses tras el último movimiento político que se ha producido en este país. Hace unos días, el Parlamento galo daba luz verde a la Ley de la Alimentación, un texto muy esperado y que suponía una de las medidas estrellas del Gobierno de Emmanuel Macron, pues recoge que el precio de los productos agrícolas se tendrá que fijar en función de los costes de producción.

A priori, la disposición tiene una lectura muy positiva, pues supone acabar, de un plumazo, con la posibilidad de vender a pérdidas y generar un mínimo de rentabilidad para el productor. Sin embargo, la ley ha dejado un sabor agridulce por ver la luz de forma descafeinada.

La cuestión es que las interprofesionales serán las encargadas de determinar los costes de producción, de ahí la preocupación de los agricultores franceses, que pedían que fuese el Observatorio de Precios y Márgenes el que definiera los indicadores de referencia, ya que así se trataría de un organismo neutral y completamente independiente.En este sentido, el temor del campo radica en que los agentes de las industrias y la distribución que participan en las interprofesionales puedan dificultar o llegar a manipular la fijación de los mismos, tal y como recoge la web Agrodigital.com.

Aunque fortalece el papel del mediador, no cumple con las expectativas iniciales que había generado la Ley de la Alimentación, que había prometido arbitraje real y efectivo. La normativa también establece mayores sanciones para las empresas que no respeten sus obligaciones contractuales, a la vez que se va a reforzar el organismo que regula la Competencia francesa para luchar contra las prácticas anticompetitivas. En el caso de las entidades que reincidan en los incumplimientos, su nombre se hará público a través de un listado.

Otra cuestión importante que recoge la ley es que faculta al gobierno para que pueda aumentar hasta en un 10% el precio de la venta a pérdidas y que pueda supervisar las promociones excesivas. Asimismo, se prevé reforzar la agricultura ecológica desde la administración Macron, pues se ha incluido en el texto de la normativa que las comidas en el sector de la restauración pública deben incluir, como muy tarde a partir de 2022, al menos un 50% de productos derivados de la producción eco, o bien, que tengan en cuenta la preservación del medio ambiente (como mínimo, el 20% tiene que proceder del agricultura eco).

En Almería se espera como agua de mayo la futura revisión de la ley de la cadena agroalimentaria que anunció el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, en la inauguración de Infoagro, el pasado mayo, con el fin de que sea más eficaz y conseguir que cada eslabón de la cadena logre una retribución más justa, en este caso, mirando al más débil, el productor.