ACE ya dos años que la elaboración y negociaciones sobre el Estatuto de Cataluña vienen siendo noticia en los medios de comunicación. Tengo paramí que una de las causas de esta larga negociación radica en que el proyecto de máximos que elaboró el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat fue tomado como de mínimos por los parlamentarios autonómicos y el resultado fue un proyecto muy extenso, de 227 artículos (el Estatuto vigente tiene 56), 12 disposiciones adicionales, 3 transitorias y 5 finales en el que, como ha recordado recientemente Peces Barba, no aparece ni la palabra ni el concepto España. El Preámbulo del Estatuto vigente invoca reiteradas veces el nombre de España. Esta larga tramitación con su diaria presencia temática ha llegado a preocupar a la sociedad española.

No es solo el tamaño del proyecto lo que dificulta la negociación y su aprobación, sino también las múltiples inconstitucionalidades que contiene, que ya fueron puestas de relieve por el Consejo Consultivo de Cataluña y posteriormente por el dictamen que, a petición del PSOE, emitieron cuatro catedráticos de Derecho Constitucional.

Azaña advirtió a Cataluña de que cualquier extralimitación o mal uso del régimen autonómico provocaría su rechazo en el resto de España

Hace unos días me visitó un antiguo alumno, alto funcionario de la Unión Europea y me contó la técnica de las negociaciones en los órganos de la comunidad. Los Estados presentan propuestas en las que se pide mucho más de lo que se puede conceder en el debate y el resultado final se parece poco a la propuesta inicial.

Me da la impresión de que con la reforma del Estatuto de Cataluña ha ocurrido algo parecido porque pienso que los propios parlamentarios autonómicos eran conscientes de que en las Cortes Generales la propuesta no sería aprobada sin previas e importantes modificaciones. Es la técnica, parecida a la de los tratos, de “pedir lo imposible, que algo se conseguirá”. Hace unos días leía unas declaraciones de un político andaluz en las que decía que era consciente de que gran parte de la propuesta de reforma del Estatuto de Andalucía no sería aprobada por las Cortes Generales. En el caso de Cataluña ese espíritu fue estimulado por la promesa del presidente Rodríguez Zapatero que, antes de serlo, se comprometió a apoyar la reforma del Estatuto que aprobase el Parlamento catalán.

Estos días he leído el libro de Manuel Azaña Sobre la autonomía política de Cataluña, con excelente estudio preliminar de Eduardo García de Enterría. También Azaña, antes de que se proclamase la República, en un discurso celebrado en Barcelona el 27 de marzo de 1930, dijo: “Concibo a España con Cataluña gobernada por las instituciones que quisiera darse mediante manifestación libre de su voluntad. Unión libre de iguales con el mismo rango para así vivir en paz”, y luego añadió: “Y he de deciros también que si algún día dominara en Cataluña otra voluntad y resolviera ella remar sola en su navío, sería justo el permitírselo y nuestro deber sería dejaros en paz, con el menor perjuicio posible para unos y otros, y desearos buena suerte”. Peligrosa idea de España y de Cataluña que posibilitaba la independencia. Sabido es que luego, en el poder, Azaña fue un gran protagonista del Estatuto de Autonomía de Cataluña y que, como presidente del Gobierno de la República, pronunció en el Congreso cuatro famosos discursos en el debate parlamentario del Estatuto de Cataluña.

El mismo Azaña reconocía que para que el nuevo régimen catalán prosperase y se consolidara era menester cumplirlo con absoluta lealtad, en Barcelona y en Madrid. Si desde la capital de España debía persuadirse a los catalanes de que la autonomíanoera concesión arrancada aunEstado débil, importaba todavía más que en Barcelona supieran que cualquier extralimitación, oelmalusodel régimen,desataría en el resto de España una reacción violentísima, no ya contra la autonomía, sino contra la propia Cataluña. Esta atinada advertencia, formulada en los momentos iniciales de la autonomía, fue incumplida y le llevó a hablar de la deslealtad de Cataluña, especialmente durantela guerra.

En los momentos que vivimos debemos tener presente no sólo la experiencia, sino la historia. Por eso los parlamentarios autonómicos deben ser conscientes de que la propuesta que han presentado es pedir lo imposible y las Cortes Generales deseo que estén a la altura de la responsabilidad constitucional que les corresponde y que no aprobarán irresponsablemente una reforma que es inconstitucional y que perjudica a España y a otras Comunidades autónomas.

Si las Cortes Generales aprueban una reforma constitucional, no perjudicial para el Estado ni para las Comunidades autónomas, CiU y el tripartito podrán sumarse a la aprobación o retirar el Estatuto, pero antes de hacerlo han de reflexionar su decisión porque, tengo para mí, aunque desconozco el último texto que se ha negociado y se sigue negociando, éste otorgará a Cataluña más autogobierno que le reconoce el actualmente vigente de 1979 y el que le otorgó el de 1932 con sus 18 artículos y una única disposición transitoria. Comprendo que a los partidos catalanes les costará aceptar y explicar en Cataluña el texto que, con responsabilidad, aprueben las Cortes Generales, pero ocasión mejor que ésta no será fácil que se les presente, ya que el Gobierno de España depende del PSOE y de los partidos catalanes.