Caso ere

Alaya impone 2,1 millones de fianza civil al ex diputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz

  • Fija otros 353.000 euros para un ex sindicalista de CCOO y otras cantidades para las esposas de dos sindicalistas de UGT de Jaén.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 2.142.722 euros al ex diputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, que está imputado por delitos continuados de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la causa. Alaya también ha fijado una fianza civil de 353.353,96 euros para el ex secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industria, Textil, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A; así como 30.000 y 151.192,99 euros para las esposas de dos sindicalistas de UGT de Jaén que fueron incluidas como intrusas en pólizas financiadas por la Junta.

Alcaraz se acogió el pasado día 11 a su derecho constitucional a no declarar cuando fue citado por la instructora y a continuación la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de dos millones de euros. El ex diputado Ramón Díaz Alcaraz está acusado de haber hecho valer sus influencias como asesor de la Dirección General de Trabajo de la Junta para introducir varios intrusos en la empresa sevillana Saldauto. En el auto en el que fija la fianza, la juez Alaya recuerda su intervención en los ERE de Calderinox y SAT Virgen del Espino, entre otras, y señala que de los dos millones concedidos en ayudas, alrededor de 700.000 euros se debió a la “contribución personal” del Ramón Díaz Alcaraz en la negociación de los expedientes de la Faja Pirítica de Huelva, Saldauto y Primayor.

Aunque el ex diputado socialista no declaró ante la juez Alaya, sí que entregó un comunicado a los periodistas su abogado, en el que ponía de manifiesto su "absoluta inocencia en este caso, de la cual existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación en todos los hechos relacionados con el caso de los ERE".

De otro lado, Alaya ha fijado una fianza civil de 353,353,96 euros para el ex sindicalista de CCOO Juan Antonio Florido, que percibió 265.015,47 euros de cuatro pólizas –la contratada por el ERE de Hytasal donde se prejubiló y otras tres más individuales-, y quien según la instructora “habría ejercido como facilitador para Vitalia, aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis y reestructuración, y lo que habría propiciado que se les ofreciera un paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada”.La retribución desempeñada “en paralelo a su actividad sindical, beneficiando a Vitalia, habría sido por tanto remunerada mediante la formalización de las pólizas en las que el tomador, figura que jurídicamente está obligado al pago de la prima, es el propio inculpado o alguna de las empresas del entramado Vitalia, siendo abonadas todas ellas sin embargo por el propio holding”, concluye la juez.

Además, la juez ha fijado una fianza civil de 151.192,99 euros para María de las Nieves Ruiz Pérez, esposa del ex dirigente de UGT de Jaén Rafael Mesa, y otros 30.000 euros para María Josefa Martínez Elvira, esposa de Luis García de los Reyes, alto cargo de UGT de Jaén durante años y que se prejubiló en Cárnicas Molina. Ambas mujeres fueron incluidas como intrusas en el ERE de la empresa malagueña Hitemasa y esta misma semana han declarado que pensaban que el dinero era una indemnización por el despido de sus maridos. La fianza impuesta a María Josefa Martínez es inferior porque ha devuelto 112.000 euros a la Agencia Tributaria del dinero percibido de forma irregular y, por tanto, la cantidad reclamada es para cubrir en su caso las costas o responsabilidades pecuniarias que pudieran decretarse.

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