Andalucía

Alaya deja libre al abogado Carlos Leal tras pagar una fianza y apuntar a Zarrías

  • El dueño de Estudios Jurídicos Villasís sostiene que el diputado socialista presionó a Guerrero para agilizar el pago de unas ayudas El abogado sale en libertad con cargos por siete delitos

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta, dejó anoche en libertad con cargos al abogado Carlos Leal Bonmati, después de que éste abonara una fianza en metálico. La Fiscalía Anticorrupción pidió su ingreso en prisión, eludible bajo una fianza de 225.000 euros para el responsable del bufete Estudios Jurídicos Villasís, una cantidad inferior a los 600.000 euros que hace tan sólo unas semanas la instructora impuso al dueño de la mediadora Uniter.

La puesta en libertad del letrado, que está imputado por siete delitos, se produjo después de dos días de declaraciones, en las que el abogado ha relatado la intervención del ex vicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías en la concesión de ayudas y ha llegado incluso a afirmar que el diputado socialista presionó al entonces director de general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, para agilizar el pago de algunas subvenciones.

En su declaración, Leal Bonmati aseguró que el ex consejero de la Presidencia influyó en Guerrero para que agilizara los pagos de las ayudas a la asociación de trabajadores Hijos de Andrés Molina. El imputado señaló, a preguntas del abogado del PP Luis García Navarro, que en una ocasión el representante de la asociación de trabajadores le comentó a finales de una semana que, ante los problemas con los pagos, hablaría con Zarrías, y al comienzo de la semana siguiente coincidió con Francisco Javier Guerrero, al que vio "descompuesto" y éste le contestó que estaba recibiendo presiones del ex vicepresidente.

Estas presiones a Guerrero también fueron apuntadas en su día por el ex chófer del ex director general de Trabajo, Juan Francisco Trujillo, quien declaró que Zarrías llamó a Guerrero varias veces para introducir a varios "intrusos" en los expedientes de prejubilaciones financiados por la Junta. Trujillo aseguró que Zarrías llegó a hacer incluso gestiones con el entonces director de Trabajo para que se concedieran una ayudas a una empresa de azulejos de Vilches (Jaén).

De otro lado, Carlos Leal ha reconocido que el incentivo a fondo perdido que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en octubre de 2008 por importe de 15 millones de euros se desbloqueó en la comida que presidió Gaspar Zarrías en la Casa Rosa y a la que asistieron además el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y los entonces consejeros de Agricultura e Innovación, Martín Soler y Francisco Vallejo, respectivamente.

A pesar de las subvenciones concedidas a Dhul y Proasego -que recibió otros nueve millones- para que realizaran inversiones millonarias en la provincia de Jaén y recolocaran a los 145 trabajadores de Primayor (antigua Hijos de Andrés Molina), los proyectos agroalimentarios y de energía eólica nunca se llevaron a efecto.

De otro lado, Leal Bonmati reconoció que pagó "cerca de 10.000 euros" a uno de los testaferros del conseguidor de los ERE Juan Lanzas para que afirmara ante notario la veracidad de las facturas que las empresas de éste habían elaborado para el bufete Estudios Jurídicos Villasís.

El letrado admitió que acudieron a una notaría del centro de Sevilla, donde entregó el dinero a Eduardo Leal del Real, que era uno de los testaferros que según la juez Alaya utilizaba Lanzas para blanquear presuntamente las sobrecomisiones cobradas por la tramitación de las pólizas de prejubilaciones financiadas por la Junta.

En su declaración ante la Guardia Civil, el testaferro Leal del Real aseguró que este ofrecimiento tuvo lugar el 24 de octubre de 2012, cuando el abogado le indicó supuestamente que necesitaba que le firmase "un documento mediante el cual justificar la veracidad de las facturas elaboradas a su despacho". Según la versión del testaferro, el letrado le "propuso" que si firmaba el documento, le ayudaría económicamente, ofreciéndole 10.000 euros aunque al final le dio un sobre con 3.000 euros y le prometió que "más adelante" le haría entrega del resto del dinero, según su testimonio.

Eduardo Leal, que actualmente sigue en prisión por orden de la juez Alaya al no haber podido reunir la fianza de 50.000 euros que le impuso, se entrevistó con el abogado en la Plaza Nueva de Sevilla y, a continuación, acudieron a un notario donde firmó el mencionado documento. Leal añadió en su declaración ante la Guardia Civil que transcurrido cierto tiempo Leal Bonmati volvió a contactar con él para comentarle que no dijera "nada de las facturas falsas ni de su relación con él", y a partir de ese momento, el testaferro no quiso "saber nada más acerca" del abogado, relata la declaración.

A preguntas de los investigadores sobre si a través de sus empresas ha elaborado facturas falsas o declarado operaciones comerciales ficticias, el testaferro reconoció que, por "idea" de Lanzas, hizo facturas falsas "al despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, a Vitalia y a las empresas vinculadas al Holding Vitalia", y admitió que ha entregado dinero en sobres al conseguidor de los ERE y al ex director general de Vitalia Antonio Albarracín, al que entregaba una vez al mes cantidades que oscilan entre los 15.000 y 60.000 euros.

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