Andalucía

La juez Alaya asumirá la investigación por las facturas falsas de la UGT

  • El decano le remite la primera denuncia que instruía el juzgado de Instrucción número 9 al estimar que ya investigaba los hechos con anterioridad, cuando se desarrolló la operación Heracles.

La juez Mercedes Alaya asumirá finalmente la investigación por las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A con las que se pagaron comidas y fueron justificadas en las subvenciones concedidas para esta organización, después de que el juez decano de Sevilla haya acordado remitir a la instructora la primera denuncia que había recaído en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla.

Fuentes judiciales han explicado que el juzgado número 9 había remitido una consulta al juez decano, Francisco Guerrero, en relación con la posible competencia para investigar la causa. Tras estudiar la situación, el decano ha decidido remitir el caso a Mercedes Alaya por "antecedentes", ya que según las normas de reparto cuando un juez deduce testimonio de unas diligencias que ya investiga al surgir un nuevo hecho es el mismo juzgado el que se encarga de la nueva instrucción, han precisado las mismas fuentes, que han añadido que con respecto a las facturas de UGT el decano de los jueces ha entendido que la "competencia" corresponde a la juez Alaya al tratarse de un "hecho que ya ha sido objeto de investigación judicial", en alusión a la investigación que la juez Alaya mantiene declarada en secreto desde septiembre pasado pero que parte en realidad de la operación Heracles que se desarrolló en marzo pasado contra el cobro de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de los ERE.

Para el decano "prima el principio competencial" sobre el de la nueva fecha de incoación del procedimiento, dado que la primera denuncia del sindicato Manos Limpias contra UGT se presentó en agosto pasado, antes de que Alaya abriera la nueva línea de investigación y la declarara secreta.

De momento, la investigación que se remite a Alaya se refiere a la denuncia presentada en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla no a las otras cinco ampliaciones que han recaído en otros juzgados y cuyo posible conflicto de competencia no ha llegado al decanato. En cualquier caso, todo apunta a que estas denuncias podrían acumularse igualmente en el juzgado de Alaya por motivos de conexidad de los hechos a investigar.

El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, el primero en recibir una denuncia de Manos Limpias, el pasado 13 de agosto, resolvió recientemente rechazar la acumulación de las denuncias que recayeron en los otros cuatro juzgados, al estimar que los hechos no tenían conexidad al tratarse de “hechos diferentes” a los descritos en la denuncia inicial.

De esta forma, además del juzgado de Instrucción número 9, los juzgados que también investigan el posible desvío de las subvenciones para fines distintos a los que se concedieron son los número 5, 19 y 4, mientras que una última denuncia estaba en el decanato de los juzgados de Sevilla, que debía repartirla a otro juzgado de Instrucción.

El juzgado número 9 investiga la denuncia contra los responsables de UGT-A por falsear presuntamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y para gastos de funcionamiento, cuando los fondos se hallaban vinculados a la formación de desempleados o cursos de formación para celadores sanitarios.

En el juzgado número 5 ha recaído otra denuncia de Manos Limpias del 20 de agosto contra los dirigentes de UGT-A por el uso de contratación eventual de adolescentes, mientras que el juzgado de Instrucción número 19 tramita otra denuncia por cargos de comida a la Junta y el pago de sobresueldos. Esta denuncia fue presentada el 23 de agosto.

En el juzgado número 4 se investiga una denuncia del 27 de agosto contra UGT-A por haber justificado gastos de una asamblea con CCOO como ayuda a mujeres discriminadas, o haber cargado a la Junta el pago de una cena para 150 personas en la caseta de la Feria de Abril de 2010.

El decano tiene aún que repartir la última denuncia presentada, que tiene fecha del pasado 7 de septiembre, en relación con la facturación de un convite y la indemnización de un ERE de 159 empleados.

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