Andalucía

Alaya envía a prisión al ex director de Trabajo por el escándalo de los ERE

  • La juez toma esta decisión tras escuchar la petición de la Fiscalía, la Junta y las acusaciones · El Ministerio Público también solicitó una fianza de 933 millones para hacer frente a posibles responsabilidades civiles.

La juez Mercedes Alaya ordenó esta madrugada el ingreso en prisión incondicional, comunicada y sin fianza de Francisco Javier Guerrero, el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta durante nueve años por su implicación en el escándalo de las irregularidades de los ERE y de las ayudas sociolaborales concedidas por la Administración autonómica.

La decisión de la magistrada se produjo pasada la una de la madrugada, después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía, el PP y los sindicatos Manos Limpias y UGT así se lo solicitaran a la juez al término de la declaración de Guerrero en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Anticorrupción justificó la petición de cárcel, a la que se han unido todas las acusaciones, en el posible riesgo de fuga de Guerrero, unido a la gravedad de las penas que pueden imponérsele a Guerrero, ya que según el fiscal sólo con el delito continuado de malversación que se le imputa la posible pena puede dispararse a los 18 años de cárcel. También alegó el Ministerio Público que el ex director general se negó a responder a sus preguntas, así como el posible "entorpecimiento" de la investigación que se lleva a cabo y la "influencia" que Guerrero puede ejercer en los demás testigos e imputados.

Vídeo: Juan Carlos Vázquez

Guerrero está imputado por seis delitos, tres de ellos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho con carácter continuado, y otros tres delitos de falsedad documental y mercantil.

Anticorrupción también pidió que se le imponga a Guerrero una fianza de 933 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso, a lo que se unieron todas las acusaciones populares al igual que han hecho respecto a la petición de cárcel. Los abogados defensores se opusieron a la petición de prisión provisional para Guerrero.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, se opuso a la petición de las acusaciones, al entender que no había riesgo de fuga porque su cliente ha comparecido a todos los requerimientos de la juez y además ha colaborado durante el interrogatorio. El letrado solicitó a la juez que acuerde la expulsión del procedimiento de la Junta de Andalucía en su condición de acusación particular, al estimar que como los hechos que se imputan a Guerrero se cometieron en el ejercicio del cargo, la Administración autonómica debería situarse como responsable civil subsidiario.

La comparecencia de Guerrero se prolongó durante más de 22 horas a lo largo de tres jornadas, en las que el ex alto cargo ha asegurado que todo el Gobierno andaluz conocía la discrecionalidad con la que se concedían las ayudas.

La instructora de la causa de los ERE le preguntó en un exhaustivo interrogatorio de más de 140 preguntas por qué "regaló" dinero del erario público sin ni siquiera contar con una petición de ayudas y también le preguntó por qué estas ayudas beneficiaron a Ayuntamientos socialistas y a personas allegadas a la Administración.

El fiscal Anticorrupción también incluyó entre las más de 80 preguntas a las que se negó a responder Guerrero -que sólo contestó a la juez y a su abogado defensor- una referencia explícita al "regalo" del dinero público con las ayudas millonarias que gestionaba a través de la dirección general de Trabajo de la Junta.

Su abogado defensor, Fernando de Pablo, le hizo sólo dos preguntas al ex alto cargo, al que preguntó si el Consejo de Gobierno de la Junta y los viceconsejeros de Empleo tenían conocimiento de los criterios de adjudicación y el destino de las ayudas, a lo que Guerrero respondió afirmativamente.

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