Andalucía

La juez Alaya embarga 20 propiedades a cinco ex altos cargos de la Junta

  • Con esta actuación el juzgado pretende garantizar las fianzas civiles impuestas por importe de 9 millones Los saldos de las cuentas y las posibles devoluciones también han sido intervenidos

El juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha embargado 20 propiedades a cinco ex altos cargo de la Junta de Andalucía para cubrir las fianzas civiles que les han sido impuestas por un importe total de 9.175.359 euros.

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado sendos decretos de embargo a estos cinco ex altos cargos, a los que ha intervenido un total de nueve viviendas y un apartamento, dos propiedades en sótanos, seis vehículos y dos garajes.

Además el juzgado ha decidido embargar telemáticamente los saldos bancarios que ostenten estos imputados en todas las entidades adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.

Entre los ex altos cargos a los que se han embargado varios bienes figuran el ex interventor de la Junta Manuel Gómez, al que Alaya ha intervenido tres viviendas -ubicadas en Mairena del Aljarafe y Espartinas, en Sevilla, y otra en Tarifa (Cádiz), así como tres coches y un garaje para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 3,4 millones de euros que le fue impuesta en su día.

Al ex jefe del gabinete jurídico de la Administración andaluza Francisco del Río Muñoz le ha sido embargada una vivienda y un turismo Seat Toledo, con la finalidad de responder a una fianza civil de 1,6 millones de euros.

Una vivienda y dos turismos -en este caso un Opel Zafira y un Alfa Romeo- son los bienes embargos al ex director de la agencia Idea Antonio Valverde Ramos, que debía responder de una fianza de 970.001 euros.

El juzgado ha intervenido además tres viviendas, dos sótanos y un garaje al que fuera director del IFA entre 2003 y 2004 Francisco Mencía Morales, al que se fijó una fianza civil de 1,5 millones.

Por último, al ex viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez Martín, el juzgado que dirige Alaya le ha embargado una vivienda en la localidad de Cájar (Granada) y un apartamento en Vera (Almería) para responder de otro 1,5 millones de euros de la fianza civil impuesta.

El embargo de esta veintena de propiedades se ha producido después de que el juzgado concediese un plazo de varios días a estos imputados para que designaran los bienes sobre los que podían adoptarse esta medida.

En estos decretos de embargo, la secretaria judicial recuerda que el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece una relación u orden a seguir en el embargo, si bien "procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado", principio que según apunta han guiado la actuación del juzgado en este caso, junto a otro principio que establece que cuando los bienes señalados por el imputado no son suficientes se embargarán "los que considere necesarios".

La juez Mercedes Alaya ha impuesto en la macrocausa de los ERE fraudulentos, que comenzó a instruir a principios del año 2011, unos 3.000 millones de euros en fianzas civiles, una cifra récord que supera a las que se han fijado en otras causas judiciales como la investigación de la trama Gürtel, el desastre del Prestige, o los escándalos de Pescanova o Afinsa.

La mayor fianza civil impuesta por Alaya en este proceso es la de 807 millones que recayó en el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, seguida de los 686 millones impuesta al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, o los 490 fijados para el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

En el caso de los ERE hay actualmente 229 imputados, pero la cifra continúa creciendo, puesto que Alaya continúa investigando después de haber remitido en agosto pasado al Tribunal Supremo la exposición razonada sobre los aforados.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios