Andalucía

Alaya inicia el embargo a Lozano para cubrir la fianza de 46 millones

  • Da un plazo al ex director de Presupuestos y a su sucesor para que designen bienes

El juzgado de Mercedes Alaya, que instruye la causa por el escándalo de los ERE fraudulentos, ha iniciado el proceso para embargar los bienes del ex viceconsejero de la Presidencia y ex director general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano, y del alto cargo que le sustituyó en la dirección general de Presupuesto Buenaventura Aguilera.

En una diligencia de ordenación, la secretaria del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, señala que ya ha transcurrido el plazo concedido a ambos imputados para que prestaran las fianzas de responsabilidad civil que les fueron impuestas, de 46,6 millones en el caso de Lozano y de un millón a Buenaventura.

Como estas fianzas no se han hecho efectivas ni los ex altos cargos han señalado bienes para su embargo, el juzgado les ha concedido un plazo de "diez días" para que, a través de su abogado, "designen los bienes de su propiedad en los que pidan que se trabe embargo, por las cantidades mencionadas, con expresión en su caso de las cargas y gravámenes, y en caso de inmuebles si están ocupados por qué personas y con qué título".

En el caso de que los ex altos cargos no realicen ninguna manifestación al efecto, la secretaria anuncia que se procederá "a la búsqueda integral de bienes sobre los que trabar embargo". La juez Alaya aseguró cuando impuso la fianza civil a Antonio Lozano que éste "pudo o debió" conocer el uso de las transferencias de financiación para otorgar las subvenciones durante una década.

De otro lado, el juzgado ha dado igualmente un plazo de diez días a los ex viceconsejeros de Empleo Justo Mañas y Agustín Barberá para que señalen bienes a embargar, al considerar insuficientes los bienes embargados hasta el momento para cubrir las fianzas. En el caso de Justo Mañas, la juez le impuso una fianza de 7,2 millones mientras que a Barberá le fue embargado en marzo de 2013 un piso de su propiedad para hacer frente a la fianza civil de 490.324.096,82 euros que se le impuso tras su imputación en esta causa.

El juzgado ha dado además un plazo de diez días al ex diputado Ramón Díaz Alcaraz para garantizar otros 2,1 millones y a la ex asesora de Empleo María José Rofa, a la que Alaya impuso "por imperativo legal" una fianza de dos millones después de que así se lo ordenase la Audiencia de Sevilla, puesto que inicialmente la instructora había descartado fijar ninguna medida cautelar para esta imputada porque había colaborado en la investigación.

Por último, el juzgado ha ordenado el embargo de dos fincas en La Antigua (León) propiedad de Victorina Madrid Pisabarro, suegra del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero. La instructora también ha decretado el embargo de sus saldos bancarios y de las posibles devoluciones de la Agencia Tributaria, al considerar insuficiente lo embargado hasta ahora para cubrir la fianza de 258.539 euros que le impuso tras ser incluida como intrusa en el ERE de SOS Cuétara.

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