Andalucía

Alaya acuerda abrir dos nuevas causas para investigar a Idea y una ayuda a los Astilleros de Huelva

  • La petición de estas nuevas diligencias previas fue planteada por la Fiscalía Anticorrupción, que no quiere que el caso de los ERE se eternice.

La juez Mercedes Alaya ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para abrir dos nuevas causas para investigar los avales y préstamos concedidos por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o la agencia IDEA, de un lado, y una ayuda concedida a Astilleros de Huelva, de otro. La petición de la incoación de estas nuevas diligencias previas fue planteada por la Fiscalía Anticorrupción, que no quiere que el caso de los ERE se eternice y pretende que Alaya separe aquellas investigaciones que pueden suponer hechos o actuaciones completamente diferentes, aunque puedan aparecer las mismas empresas beneficiarias.

El Ministerio Público presentó un escrito en el que argumentaba que la investigación de las posibles irregularidades que puedan tener trascendencia penal derivadas del "procedimiento seguido" por los responsables del IFA/IDEA para la concesión de las ayudas, en el mismo periodo investigado en la causa de los ERE, a empresas de Andalucía "bajo el paraguas formal de avales, préstamos y garantía de préstamos, deben ser, por su entidad y ser hechos distintos, objeto de procedimiento penal independiente".

El Ministerio Público reclamaba en concreto a Alaya la incoación de unas nuevas diligencias previas para investigar estos extremos, "no sirviendo el hecho de que algunas de las empresas hayan sido también beneficiarias de ayudas dadas desde la Dirección General de Trabajo de nexo de conexidad suficiente siquiera para formar una pieza separada en la presente causa, pues el eje de la investigación debiera girar sobre la actuación aparentemente fraudulenta del IFA/IDEA en la concesión de ayudas y no sobre las empresas favorecidas por ambos tipos de ayudas públicas". La Fiscalía recordaba que uno de los últimos oficios remitidos a la causa de los ERE por la Guardia Civil se refiere a la actuación concreta del IFA/IDEA en el pago de ayudas a terceros, "una actuación que puede presentar irregularidades que hayan desembocado en una merma para los fondos públicos de la Junta de Andalucía", precisaba el fiscal.

La Guardia Civil hacía referencia a la adopción por el IFA/IDEA de "numerosos acuerdos relativos al otorgamiento de ayudas excepcionales de reestructuración y/o salvamento de empresas así como concesión de incentivos, aplicando como instrumentos de apoyo a las figuras de los préstamos, garantías de préstamo y avales ante entidades financieras". La Unidad Central Operativa (UCO) señalaba que algunas de las empresas beneficiarias de estas ayudas figuran también entre las beneficiarias de ayudas sociolaborales o de empresa dadas desde la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, "pudiendo incluso coincidir en el tiempo".

De otro lado, la juez ha acordado igualmente abrir unas nuevas diligencias para investigar una ayuda concedida a los Astilleros de Huelva en 2011, algo que le pidió la Fiscalía al considerar que la investigación de los ERE fraudulentos es ya lo suficientemente "extensa y compleja" como para ampliarla con esta nueva ayuda.

El Ministerio Público, en un escrito remitido a la juez, recordaba que en abril pasado la acusación particular que ejerce el PP solicitó que se investigaran unos hechos con "apariencia delictiva", en relación con el "Acuerdo de 15 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por la que se autoriza a la Consejería de Empleo a la concesión de una subvención de carácter excepcional para atender la solicitud formulada por los administradores concursales de la empresa Astilleros de Huelva SA y para la propia resolución del Consejero de Empleo que haya dictado para su otorgamiento se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la Orden de 1 de Abril de 2011 de la Consejería de Empleo...". Mediante esta orden, explicaba la Fiscalía, se aprueban las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales destinadas a trabajadores afectados por expedientes de restructuración de empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se efectúa su convocatoria para el año 2011.

Tras esta petición de la acusación del PP, la juez Alaya dictó un auto en el que acordó que, "con el fin de avanzar en la instrucción" de las presentes diligencias de los ERE, como nueva prueba se oficiara a la Consejería de Empleo y al Consejo de Gobierno para que ésta remitiera los expedientes administrativos íntegros para el otorgamiento de la subvención excepcional solicitada por los administradores concursales de Astilleros de Huelva.

La Fiscalía Anticorrupción entendía que, en función de la fecha del acuerdo del Consejo de Gobierno (15/11/11) y a su "no vinculación al objeto de las presentes actuaciones, que si bien es amplio no se debe de extender más allá de la tramitación de pagos acogiéndose al Convenio marco de julio de 2001, la encomienda que lo sustituya y hasta la Orden de fecha 1 de abril de 2011", para la averiguación de los hechos y de sus presuntos responsables, en su caso, "deben de incoarse diligencias previas separadas a las presentes, máxime si atendemos a la extensión y complejidad que ya de por si tienen éstas".

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