La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, volvió ayer a reiterar que no permitirá la grabación de sus interrogatorios para no convertir la causa en una "absoluta comparsa" y evitar de esta forma las "actuaciones teatrales o alegatos políticos", puesto que según la instructora estas grabaciones acabarían colgadas en internet como "cualquier vídeo de sobremesa", lo que fomentaría una "morbosidad innecesaria".

La juez, ante la que ayer compareció el ex viceconsejero de Economía José Salgueiro -que se acogió a su derecho a no declarar por motivos de salud-, ha insistido igualmente en que el sistema para el desvío de fondos públicos partió de una "decisión política". En nuevo auto, Alaya ha rechazado abrir una pieza separada para enjuiciar por separado la actuación de la ex presidenta de Acyco Encarnación Poto Monge y en esa resolución analiza de nuevo el papel del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien según Alaya "el mismo indiciariamente ejecutaba un sistema diseñado por sus superiores y responsables de mayor escala, un sistema que respondería a una decisión política y que se crea indiciariamente en vía presupuestaria".

La instructora concluye que, de esta forma, Guerrero no sería el "único responsable" del uso de las transferencias de financiación y por consiguiente de la concesión de subvenciones "sin observar el procedimiento legalmente establecido y los controles de la Intervención".

Con respecto a las grabaciones, la instructora se ha opuesto a la petición del abogado José María Mohedano, que representa a los ex directores generales de Presupuestos Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, y para ello ha aportado una triple motivación.

Uno de los argumentos de la magistrada para denegar la grabación es "la importante repercusión mediática" que tiene el proceso de los ERE, ya que, según dice Alaya, "es conocido que en el curso de las declaraciones algunos letrados aprovechan sus ausencias de la Sala para trasladar a la prensa, de acuerdo con sus respectivos intereses procesales y políticos, el contenido de una declaración inacabada y no firmada". Esta trascendencia y la "indeseable retransmisión en directo de las declaraciones", continúa la juez, daría lugar "indudablemente" a que las grabaciones audiovisuales de las mismas aparecieran en los medios de comunicación, "en cualquier espacio de internet, como si se tratara de cualquier vídeo de sobremesa, contribuyendo a una morbosidad innecesaria y a convertir un procedimiento judicial de extraordinaria importancia en una absoluta comparsa".

Por ello, concluye que "el respeto a la función jurisdiccional y sobre todo a la dignidad de las personas" que comparecen como testigos o inculpados, "obliga a evitar la situación propuesta, y por supuesto las actuaciones teatrales o alegatos políticos que pudieran pretenderse". No es la primera vez que Alaya hace alusiones de esta índole, puesto que en el interrogatorio a Antonio Lozano acusó a este alto cargo de "hacer teatro", lo que motivó la protesta de su defensa.

Los otros dos motivos que alega Alaya consisten en que las declaraciones son "muy extensas en el tiempo", por lo que la grabación "no evitaría levantar actas de las mismas" porque resultaría inoperativo tender que escucharlas para repasar algún extremo importante para nuevas declaraciones, y porque el secretario judicial, como fedatario público, certifica la "identidad del contenido" de las actas con las declaraciones de los testigos o inculpados.

Alaya añade que la grabación de las declaraciones "carece de cobertura legal" y sólo es obligatoria en determinados juicios.