La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha dado un nuevo giro de tuerca y ha ordenado a los peritos de la Intervención General del Estado que informen sobre "qué pudo conocer" la comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz sobre las "irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General". Alaya también plantea a los peritos "qué pudo hacer [la citada comisión] para poner de manifiesto el uso por la Consejería de Empleo de las transferencias de financiación al IFA/IDEA para el pago de las subvenciones laborales".

En un nuevo auto, que tiene fecha del pasado lunes, Alaya atiende la petición del abogado Juan Carlos Alférez, que representa al ex director de la agencia IDEA y que había pedido la práctica de una serie de diligencias para averiguar el grado de conocimiento o el rol que pudo jugar el Parlamento en relación con la concesión de las ayudas mediante el sistema de las transferencias de financiación.

Aunque la instructora no acuerda todas las pruebas que reclamaba la defensa, sí que ha decidido requerir a la Junta para que en un plazo no superior a cinco días aporte los "diarios de sesiones de la Comisión Permanente de Economía y Hacienda desde 2001 a 2010, donde se debata la aprobación del Presupuesto anual", así como los "diarios de sesiones del Parlamento, de la sesión plenaria en la que se aprueben los Presupuestos anuales en el período 2001-2010". De la Consejería de Hacienda y Administración Pública Alaya reclama una acreditación de "haber remitido al Parlamento de Andalucía, con la periodicidad trimestral que exigen las distintas leyes de Presupuestos, los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31L de la Consejería de Empleo", en este caso los que se hayan tramitado desde el año 2000 hasta la actualidad.

Una vez que se reciba esta documentación, prosigue Alaya, se dará traslado a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, a los que también remitirá una abundante documentación remitida por la Junta de Andalucía en tres DVD, después de que le fuera requerida en otro auto el pasado 20 de febrero.

La investigación al Parlamento se produce después de que la defensa del ex alto cargo de IDEA presentara un escrito en febrero pasado en el que señala que los 17 parlamentarios que componen la comisión de Hacienda y Administración Pública "conocieron o debieron conocer el contenido y finalidades del programa presupuestario 31L de la Consejería de Empleo", pero "jamás advirtieron tacha de ilegalidad y aún menos de la presunta perpetración de actuación delictiva o menoscabo de fondos públicos", precisa el letrado Juan Carlos Alférez.

Según el defensor, los 17 miembros de la comisión tenían un "profundo conocimiento" de la materia presupuestaria, del proyecto de ley de Presupuestos, y un "altísimo nivel técnico", además de contar con un letrado específico del cuerpo de letrados de la Junta, especialista en derecho presupuestario. El letrado recuerda que, además de la "relevante y crucial intervención en la actividad legislativa presupuestaria" de la comisión, el consejero de Economía comparecía "con periodicidad y frecuencia" ante la misma para informar de "múltiples y diversos asuntos", muy en concreto sobre materia presupuestaria.

La comisión de Economía informaba anualmente como trámite previo al debate y aprobación en Pleno sobre la "rendición de la cuenta general que presentaba la Cámara de Cuentas sobre la liquidación del Presupuesto elaborado por la Intervención General" y el consejero mayor de la Cámara comparecía ante ese órgano.

Por último, la defensa dice que los 17 parlamentarios "conocieron o debieron conocer" el programa 31L "en toda su extensión", a través del conocimiento de todos y cada uno de los expedientes de modificaciones presupuestarias que les remitían cada tres meses.