Dice el conocido aserto jurídico que una Justicia lenta no es Justicia. La juez Mercedes Alaya, que investiga el mayor escándalo de corrupción desde la democracia en Andalucía, lleva más de dos años y medio escrutando las irregularidades relacionadas con las ayudas vinculadas a los ERE. Se trata de una investigación sumamente compleja, que acumula ya 93 imputados, pero en la que se están produciendo importantes retrasos que han provocado ya sendos avisos a la instructora por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces.

Mercedes Alaya, que esta misma semana se ha marchado para disfrutar de unas merecidas vacaciones, se va dejando como deberes pendientes para su vuelta la toma de declaración de, nada más y nada menos, 50 imputados, según los datos comprobados en el listado de implicados. Es decir, después de más de dos años y medio de una intensa instrucción que comenzó en enero de 2011, en la que la magistrada ha tenido que alternar esta investigación con otras macrocausas -entre ellas las irregularidades detectadas en Mercasevilla, el germen de los ERE fraudulentos-, nos encontramos con que la juez ni siquiera le ha tomado declaración a la mitad de los imputados. Cierto es que los últimos veinte imputados, los altos o ex altos cargos de la Junta, han sido implicados en la causa en un auto muy reciente, del 28 de junio, pero no por ello el retraso deja de ser menos sorprendente.

En el sumario hay casos verdaderamente sangrantes, como el del ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, que fue de los primeros imputados en la causa de los ERE -el auto es del 20 de enero de 2011- y que a fecha de hoy aún no ha prestado declaración, a pesar de haber transcurrido ya dos años y siete meses desde entonces. En la misma situación se encuentra, por ejemplo, el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, que aún no ha comparecido ante Alaya tras una espera similar, y la del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que declaró un año después de ser imputado formalmente.

El problema del retraso deriva no sólo de la complejidad de la causa, sino de la singular forma de trabajo de Alaya, que parece actuar en ocasiones a borbotones y en otras muy lentamente. Así, Alaya es capaz de desarrollar en sólo tres días una espectacular operación con 22 detenidos -como ocurrió en marzo pasado con la operación Heracles contra el cobro de las sobrecomisiones en las pólizas de los ERE- y luego tardar varios meses en recibir declaración a los dos últimos imputados en esta operación. Sirva otro dato de ejemplo: después de la Heracles y en los cuatro meses que van de abril a julio, sólo han declarado tres nuevos imputados -el abogado de Estudios Jurídicos Villasís, Carlos Leal Bonmati; el dueño de Uniter, José González Mata; y el ex interventor de la Junta Manuel Gómez-. En cuatro meses, tres imputados, una ratio realmente escasa para una causa tan excelsa.

Este retraso, lógicamente, beneficia a las defensas, que en el futuro podrán alegar que se apliquen circunstancias atenuantes por dilaciones indebidas, lo que aumenta los riesgos de que algunos de los hechos investigados puedan incluso prescribir y quedar impunes.

Pero si el retraso en la toma de declaraciones de los imputados es cuanto menos llamativo, no lo es menos la situación en la que se encuentra la causa con respecto a la posible implicación de las personas aforadas, algo que Alaya viene esquivando desde hace meses y que ha sido calificado como una "selectiva imputación" -para evitar imputar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a cinco consejeros- por parte de la defensa del viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano, el 'número dos' de la presidenta in pectore Susana Díaz.

Algunas fuentes consideran que Alaya debería haber parado ya la instrucción para inhibirse en favor del Tribunal Supremo -el PSOE así lo ha pedido públicamente- ante la aparición de supuestos indicios contra Griñán y otros aforados, pero otras consideran que, conociendo a la magistrada y el calendario de declaraciones que ya ha fijado para la vuelta de las vacaciones, esa decisión, por el momento, se presenta lejana.

Una de las teorías que barajan algunos abogados que siguen día a día la causa de los ERE consiste en que Alaya tomarás las declaraciones fijadas para después del verano -en las que no se incluye la veintena de altos cargos- y, a continuación, este mismo otoño, tendrá que elevar el sumario al Supremo, si aprecia esos indicios contra Griñán pero, sobre todo, contra la titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. "Más allá de octubre es imposible que siga la instrucción", comentan.

Aquí se plantea una nueva duda. ¿Alaya enviaría la causa completa, incluidos los intrusos, o sólo la parte que afecta a los aforados? La jurisprudencia apunta a que corresponde a la propia juez decidir si se puede desgajar una parte del sumario y remitir otra al Alto Tribunal, aunque el Supremo puede revocar la decisión de la instructora si no la considera acertada.

Dentro de estas hipotésis, hay letrados que entienden que Alaya podría separar del sumario de los ERE la parte correspondiente a lo que la instructora podría estimar que constituyen el grupo de "ideólogos" que diseñaron el sistema de las transferencias de financiación para, supuestamente, desviar fondos públicos a la partida 31.L, con la que "se regalaba dinero a empresas o a personas, muchas de ellas próximas a la Junta o al PSOE", según afirmaciones de la juez en sus autos. Entre esos ideólogos figurarían aforados como Griñán, Aguayo, Magadalena Álvarez y José Antonio Viera.

La cuestión que subyace a esta trascendental decisión que debe tomar Alaya puede provocar que, si las cosas no se hacen bien, se incurra en posibles causas de nulidad que, a la postre, puedan destrozar la investigación y que los hechos quedasen impunes, lo que supondría un escándalo aún mayor que el que se investiga.

La doctrina habla de que una instrucción no se puede hacer a espaldas de la persona investigada y en la causa hay ejemplos que apuntan en esta dirección, como el del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, a quien la Guardia Civil atribuyó hace más de un año -en febrero de 2012- un "papel esencial" en las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevila y que a día de hoy sigue sin ser imputado.

En cualquier caso, la decisión de Alaya es imprevisible, apuntan otras fuentes, que consideran que la inhibición al Supremo puede aún tardar más tiempo y mientras tanto seguir investigando otras de las múltiples líneas que Alaya abre, como la intervención de bufetes o el cobro de comisiones por los sindicatos.