Tenían a sus trabajadores sin contrato laboral alguno, les debían gran parte de los salarios de la pasada campaña fresera y los alojaron en una antigua finca de cría de pollos, en condiciones infrahumanas, por la que además les cobraban una mensulidad de 50 euros. Por estas razones, la Guardia Civil ha imputado a D. A. B., y de E. M. R., como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Las imputaciones han llegado gracias a la denuncia que interpuso un ciudadano marroquí en el puesto de la Guardia Civil de Lepe el pasado 4 de junio. En la misma manifestó ante los agentes que, junto a otros compañeros, había estado trabajando durante la pasada campaña fresera en una finca de La Redondela, en el municipio onubense de Isla Cristina, y que los responsables de esta empresa "les adeudaban aún gran parte de los salarios por el trabajo realizado". Según manifestó, ya habían interpuesto una queja ante la Oficina Provincial de la Inspección de Trabajo y querían también realizarla ante la Guardia Civil.

El afectado relató que estos empresarios "no les habían hecho firmar ningún contrato", por lo que también sospechaban que no se habían encontrado de alta en la Seguridad Social y por lo tanto no estaban cotizando. Habían "estado viviendo en una antigua nave destinada a la cría de pollos, donde aún vivían algunos inmigrantes y que se encontraba en unas condiciones deplorables, repartidos en habitáculos sin agua corriente y con muy malas condiciones higiénicas, compartiendo la estancia con productos nocivos como fertilizantes y fitosanitarios", relató, un antro por el que debían pagar "una mensualidad de 50 euros".

Ante estos hechos, los agentes del Edati (Agentes del Equipo de Atención al Inmigrante) realizaron una inspección a la citada empresa, descubriendo que los hechos relatados eran "veraces" tras entrevistarse con 14 personas, todas inmigrantes y víctimas de la actuación de estos empresarios, que procedían de Marruecos y de Bulgaria, además de dos mujeres de nacionalidad española.

Las víctimas expusieron además que reclamados los pagos a los empresarios, "éstos les manifestaron que no podían pagarles por carecer de dinero y que el que no estuviera de acuerdo que se marchara, estando amenazados sobre que quien denunciara su situación sería inmediatamente despedido".