El juez de refuerzo Álvaro Martín ha rechazado las cinco aclaraciones solicitadas contra el auto que dictó el pasado 31 de mayo en el que procesó a 26 ex altos cargos imputados en la pieza de denominado “procedimiento específico” de los ERE, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En un auto dictado ayer, el magistrado resuelve en una resolución de dos folios las cinco aclaraciones, que fueron planteadas por la acusación popular que ejerce el PP y las defensas de los imputados Francisco del Río Muñoz –ex jefe del gabinete jurídico de la Junta-; Juan Francisco Sánchez García -ex secretario general de la Consejería de Empleo-; Antonio Valverde Ramos –ex director de la agencia IDEA-; y Lourdes Medina Varo -ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo-.

El instructor señala con respecto a los recursos presentado por Juan Francisco Sánchez, Antonio Valverde y Lourdes Medina que no procede ninguna aclaración “por cuanto no instan la rectificación de un error material, sino que discrepan, legítimamente, de los hechos de los razonamientos recogidos en la resolución”. Esto constituye, señala Álvaro Martín, “un objeto que excede del propio del recurso de aclaración, siendo más bien propia de la reforma o apelación”.

Sobre el recurso de la defensa de Francisco del Río, el juez rechaza la aclaración “por presentar matices que no afectan al núcleo del relato o de la calificación, los cuales podrán plantearse, en su caso, en la fase ulterior de enjuiciamiento, sin que precisen de aclaración en este momento”.

De la aclaración del PP, que planteó si los plazos para recurrir también quedaban en suspenso hasta que se recibiera la documentación que falta por entregar –como acordó el juez en relación a los 45 días que concedió para presentar los escritos de conclusiones provisionales-, el magistrado la rechaza igualmente. “Los términos del auto son claros al señalar la fase de instrucción sin que la pendencia de la documental lo impida, de modo que no cabe duda sobre el cómputo del plazo para recurrir, que lo es desde la notificación a las partes y no de la recepción de la documental”.

De otro lado, el instructor tiene en su poder al menos tres recursos de reforma -presentados por la ex ministra Magdalena Álvarez, el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, y el viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez-, las cinco peticiones de aclaración y corrección de algunos extremos de su extensa resolución de 98 folios, y una petición del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá para que se suspenda el plazo para recurrir hasta que llegue la documentación reclamada o para que se le conceda una prórroga de 30 días para formular el correspondiente recurso.

De los recursos de reforma presentado hasta el momento y que resolverá el mismo instructor -quien como es lógico mantendrá su criterio y confirmará su resolución-, destaca el presentado por la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, cuya defensa alega que "ni conoció ni pudo conocer la pretendida ilegalidad del procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales, puesto que no tuvo acceso a ninguno de los informes emitidos por los órganos de control en los que se pusiera de manifiesto tal circunstancia".

El abogado de Magdalena Álvarez explica en el recurso que ésta "nunca recibió, ni pudo recibir, informe alguno de la Intervención General de la Junta en el que se pusieran de manifiesto irregularidades", puesto que el informe definitivo de auditoría de cumplimiento de 2005 se emitió en julio de ese año, momento en el que Magdalena Álvarez había cesado como consejera, en febrero de 2004.

De la misma forma, considera que el auto de Álvaro Martín "no alcanza a explicar cómo puede considerarse ilegal una partida presupuestaria reiteradamente aprobada por el Parlamento", al tiempo que señala que la consejería de Hacienda "carece de competencia alguna para la elaboración y revisión del estado de gastos" de otras Consejería, por lo que no puede atribuírsele a Álvarez la "instauración o impulso del procedimiento específico". Todo ello lleva a esta defensa a solicitar el archivo de la causa contra la ex ministra.

El letrado Manuel Salinero, que representa a Lourdes Medina -ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo-, coincide en que el auto incurre en un "cúmulo de errores de valoración en relación a las funciones y actuaciones" de esta investigada.

Por su parte, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán han decidido recurrir directamente en apelación ante la Audiencia de Sevilla.