El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica, a los territorios afectados por grandes incendios en 15 comunidades autónomas, todas excepto Cantabria y Asturias.

En el caso de Andalucía se contemplan cinco incendios que han provocado daños, concretamente los registrados en Pinos Puente (Granada) y Bonares (Huelva), el 25 de julio. A estos se suman dos fuegos en Mijas (Málaga) el 15 y 26 de julio, y el declarado en Guillena (Sevilla), el día 10.

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha indicado, a través de un comunicado, que en todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas afectadas se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (Plegem).

Un verano trágico

En los distintos incendios que han asolado España en los últimos meses han muerto tres personas y decenas han sufrido lesiones de distinta consideración. La virulencia de los fuegos ha obligado, además, a la evacuación preventiva de más de 27.500 personas, récord absoluto.

Los incendios han generado un grave daño medioambiental y provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, si bien, según el Ejecutivo, en este momento no han podido ser todavía cuantificados con precisión.

Las medidas de recuperación previstas, cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, contemplan ayudas directas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente, por destrucción total de la vivienda o por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, entre otras.

Asimismo, el acuerdo prevé adoptar otras medidas de ayuda como declarar determinadas zonas de actuación especial, concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, entre otras.

Una vez que se elabore un informe detallado sobre los daños causados por los fuegos y se disponga de una valoración técnica de su cuantía, el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, podrá completar este real decreto con otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales a las que corresponde la competencia en materia de protección civil.