Andalucía

Andalucía, entre las comunidades con peor desarrollo de servicios sociales

  • La región ocupa el sexto lugar por la cola en el informe que cada año elabora la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Andalucía es la sexta comunidad autónoma con un peor desarrollo de sus servicios sociales, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, mientras que Navarra, País Vasco y La Rioja se encuentran a la cabeza de esta materia. El estudio que realiza cada año esta asociación, presidida por Juan Manuel Ramírez, mide el desarrollo de los servicios sociales en las diecisiete comunidades autónomas, según la relevancia económica, la cobertura a la ciudadanía y los derechos y la decisión política.

La puntuación media que obtiene el desarrollo de los servicios sociales en el conjunto de las autonomías es de 4,92 puntos sobre diez, lo que a juicio de la asociación confirma el "débil" desarrollo en este área con "miles" de personas en el "precipicio" de la exclusión social. El informe (pdf) asegura que el gasto en este área se ha reducido en casi 500 millones de euros anuales entre 2009 y 2012, con siete millones de usuarios en España, lo que puede provocar "la quiebra" de la cohesión social del país. La única comunidad autónoma con un nivel de desarrollo alto es Navarra, seguida de País Vasco y La Rioja, que cuentan con un nivel medio.

A pesar de que Navarra es la que mejor puntuación obtiene, el informe señala que "resulta paradójico" que tenga una perspectiva negativa puesto que ha reducido su presupuesto en servicios sociales un 15,89 por ciento. En el escalón de medio-bajo se sitúan Castilla y León, y le siguen Cantabria, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón. Con un desarrollo débil de sus servicios sociales están las comunidades de Extremadura y Baleares. Las que cuentan con un desarrollo irrelevante y por tanto son las peores, son Andalucía, Galicia, Murcia, Madrid, Canarias y la Comunidad Valenciana, que cierra la clasificación.

El gasto anual de las comunidades en servicios sociales se ha reducido un 3,64 por ciento en los últimos cuatro años y han pasado de un gasto medio por habitante de 280,03 euros en 2009 a 275,13 en 2012. No obstante, el coordinador del informe, Gustavo García, ha valorado que siete comunidades hayan aumentado el gasto como Comunidad Valenciana (14,69 por ciento), Asturias (8,97 por ciento), La Rioja (7,83 por ciento), Comunidad de Madrid (5,18 por ciento), Cataluña (2,68 por ciento), Murcia (1,16 por ciento) y Cantabria (0,25 por ciento).

El hecho de que comunidades como la Valenciana haya incrementado el gasto y aun así esté a la cola de la clasificación se debe, según ha explicado García, a que "el esfuerzo que hace todavía es muy pequeño", es decir, tenía "un punto de partida muy bajo". Como ejemplo ha citado que en el País Vasco hay una plaza de acogida por cada 1,28 mujeres víctimas de violencia machista, mientras que en Valencia una por cada 30,98. Los mayores recortes se han producido en Baleares (con un 36,39 por ciento), Castilla-La Mancha (26,74 por ciento), Galicia (18,65 por ciento) y Canarias (18,51 por ciento). Así, el informe pone de manifiesto, según la asociación, una "gran disparidad" en el desarrollo de los servicios sociales.

La asociación también ha querido destacar que el gasto en esta materia es inversión y en ningún caso es determinante para aumentar el déficit de las comunidades. Los autores del informe han apuntado que lo han elaborado a partir de cifras oficiales que han aportado las comunidades autónomas y han criticado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no facilite estos datos. Por este motivo, la asociación ha anunciado que presentarán una queja ante la Defensora del Pueblo. A juicio de la asociación, el ministerio debe articular un sistema de información de servicios sociales que ofrezca información "de alcance público, fiable y actualizada". Asimismo, han valorado iniciativas como la del gobierno canario de abrir los comedores escolares durante las vacaciones, tras lo que han animado a las autonomías a que lleven iniciativas en este sentido.

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