Andalucía

Andalucía recurrirá la Ley de Costas ante el TC junto a cuatro regiones

  • Las autonomías no gobernadas por el Partido Popular crean un frente común contra la norma

Las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias y Asturias presentarán antes del 30 de agosto en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas de 1988, al entender que vulnera varios principios constitucionales.

"Hemos puesto en común nuestra preocupación. Vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad Asturias, Canarias, País Vasco, Andalucía y Cataluña", anunció el consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial de Canarias, Domingo Berriel en rueda de prensa.

Berriel explicó que la norma recientemente aprobada por el Parlamento viola el principio de igualdad ante la ley; algunos aspectos competenciales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y plantea algunas "retroactividades intolerables".

El representante canario señaló que, aunque las distintas administraciones autonómicas presentarán por separado el recurso, ayer mantuvieron una reunión en la que concretaron los aspectos comunes y la línea argumental. Además, destacó que las comunidades autónomas reunidas representan más de la mitad del litoral español y que están prácticamente de acuerdo en un 80% de sus argumentos.

Al encuentro asistieron, comisionados por sus respectivos consejeros el secretario general técnico y el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cataluña; por parte del País Vasco, el viceconsejero de Medio Ambiente y el director general de la Agencia del Agua; el subsecretario general técnico de Andalucía, y la jefa de servicios de Gestión y Disciplina Urbanística de Asturias.

Concretamente el consejero canario calificó de "mala" la Ley actual porque no tiene ningún precepto que mejore, facilita o ponga en valor aspectos históricos del litoral o la economía local y porque vulnera el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que excluye a 12 núcleos poblacionales en la Península, que dejan de ser dominio público, y no se tiene en cuenta otros enclaves.

"No se sabe por qué estos y no otros", lamentó, al tiempo que reclamó que la ley no amnistíe municipios concretos sino un régimen jurídico que se aplique por igual al conjunto del territorio.

Asimismo, aseguró que la ley invade competencias autonómicas y municipales al reservarse la potestad de suspender una orden o permiso municipal cuando así lo considere. Esta sería la conocida como cláusula anti-Algarrobico, cuyo objetivo inicial es evitar que construcciones en el dominio público marítimo terrestre, como el caso del hotel en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

A su juicio, esta cláusula rescata "potestades de Gobernadores Civiles y jefes provinciales del Movimiento, cuando tenían la posibilidad de suspender cautelarmente, según su libre albedrío las resoluciones de los ayuntamientos" y ahora esa potestad la tendrán los delegados del Gobierno. "Eso nos parece una barbaridad", apostilló, al igual que las invasiones de las competencias de las comunidades autónomas, que tienen transferidas la ordenación del territorio y de la del litoral.

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