Andalucía suma ocho de las infraestructuras de depuración declaradas de Interés General del Estado que están incluidas en los procedimientos sancionadores de la Unión Europea, por la demora en su construcción, según señaló ayer el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal.

Fiscal instó al Gobierno Central, durante su comparecencia en el Parlamento autonómico, a que invierta los cerca de 300 millones de euros necesarios para la construcción de las cuatro depuradoras que son de su responsabilidad: Barbate, Estepona, Matalascañas y Nerja.

Los cuatro proyectos dependientes de la Junta se encuentran en ejecución

Las otras cuatro aglomeraciones urbanas andaluzas afectadas por la sentencia de 2011 del Tribunal de Justicia de la UE contra el Reino de España por incumplir sus obligaciones en depuración de aguas residuales son de competencia autonómica: Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa y Coín.

El consejero aseguró que estas últimas cuatro obras "están en ejecución", lo que "demuestra el compromiso de la Junta de Andalucía para cumplir los objetivos que marca la Directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales".

En Isla Cristina, las obras de conexión de Isla Cristina-La Antilla-Lepe se encuentran ya en un 94% de ejecución y para mejorar las infraestructuras de la depuradora de La Antilla se acometen obras de ampliación para reforzar el tratamiento de las aguas residuales que entran a la depuradora, encontrándose actualmente al 86%.

Fiscal recordó que de las trece aglomeraciones urbanas andaluzas que incumplían esta Directiva europea (37 en toda España), cinco han podido ser excluidas de este procedimiento: Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Torrox-Costa, Chipiona y Vejer de la Frontera, "gracias a las inversiones realizadas".