Casi un tercio de imputados en los ERE siguen sin medidas cautelares reales o fianzas civiles a pesar de que en algunos casos han pasado varios años desde que el Ministerio Público las solicitó. Consciente de este retraso, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un nuevo escrito a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, a la que ha reclamado precisamente que resuelva de manera expresa sobre la “adopción o no de las cautelas y fianzas interesadas” a un total de 83 imputados en la causa, lo que supone casi un tercio de los 265 implicados.

En el escrito, que tiene fecha del pasado 23 de septiembre, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, justifican la necesidad de que se resuelva sobre estas medidas para que “la mismas por su tardía imposición acaso no pierdan su eficacia y virtualidad”.

Los fiscales destacan precisamente las “dimensiones y complejidad” de la causa de los ERE y el alto número de personas imputadas, pero justifican su petición en la “necesidad de garantizar en la medida de lo posible la recuperación y/o aseguramiento de los fondos públicos indebidamente dispuestos por los imputados”.  Por ello, y de acuerdo con otros requerimientos realizados al juzgado en febrero y noviembre de 2014 –cuando la instructora era Mercedes Alaya-, piden que se resuelvan esas fianzas “a la mayor brevedad y atendiendo preferentemente a la antigüedad de las fechas de sus comparecencias celebradas tras la declaración en sede judicial”.

Entre las 83 personas cuya resolución sobre las medidas solicita se encuentran Enrique Rodríguez Contreras, ex gerente del IFA en Sevilla y ex director de Empleo e Innovación de la Diputación, cargo del que fue destituido tras su detención en 2013 en la segunda fase de la operación Heracles. También figura Agustín Moreno Reviriego, ex alcalde Torrecera, una pedanía de Jerez de la Frontera, quien según la juez "prevaliéndose de su presunta relación con el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández García", sería beneficiario de rentas derivadas de una póliza suscrita para las prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, con un coste de 160.883,92 euros, a pesar de que "nunca trabajó en ninguna de las empresas que comprenden la faja".

De la misma forma, Anticorrupción pide que se fije fecha para la comparecencia de medidas cautelares de naturaleza real de otros cuatro imputados, entre ellos José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez, el ex futbolista de Osasuna, Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid que habría percibido una póliza 491.424,43 euros por unos cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales que según la juez Alaya en realidad no se habrían realizado por parte de la empresa Cenforpre en la que trabajaba. Alaya citó al ex futbolista en noviembre de 2011, pero no se celebró la comparecencia para estas medidas cautelares que ahora reclama la Fiscalía.

De la misma forma, el fiscal pide que se celebre la comparecencia para los imputados Daniel Ponce Verdugo, ex subdirector de Mercasevilla, el testaferro Eduardo Leal del Real –que figura en las empresas del conseguidor Juan Lanzas-, y a Gregorio Martínez Piñero, amigo del ex director general de Trabajo Javier Guerrero.