La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que prorrogue otros 18 meses la instrucción del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, que comenzó a instruir Mercedes Alaya en enero de 2011, hace ya más de seis años.

El Ministerio Público recuerda que la magistrada dictó un auto el 3 de marzo de 2016 por el que declaró la causa de especial complejidad y señala que el plazo de inicial instrucción de 18 meses finalizaría durante el presente mes de junio. La Fiscalía, por ello, solicita a la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla que extienda el plazo de instrucción por otro año y medio "al estimar razonablemente que la investigación no podrá completarse en el plazo inicial de 18 meses".

La juez ha dictado una providencia, fechada el 2 de junio, en la que da traslado del escrito de la Fiscalía a las partes personadas en el procedimiento a fin de que se pronuncien sobre la petición para prorrogar "el plazo de la complejidad".

En un auto fechado el 3 de marzo de 2016, Núñez Bolaños declaró la causa compleja al considerar que en la misma "se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados", lo que "exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas y privadas".

De este modo, la instructora ponía de manifiesto en el auto que "es indudable que procede acceder a la petición" formulada por el Ministerio Público, y ello "a pesar de las alegaciones de las partes y del tiempo transcurrido desde su incoación".