La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que procese a los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, por delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones, en relación con las ayudas de más de 33 millones que recibieron el entramado de empresas del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda para los cursos de formación de los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

El Ministerio Público ha pedido al juez, en un escrito presentado en febrero pasado, que procese a un total de nueve personas, entre ellas los dos ex consejeros de Empleo, el propio Ángel Ojeda, un hijo suyo, y el resto son trabajadores de las empresas de Ojeda.

De una parte, la Fiscalía reprocha a los investigados la concesión de subvenciones para el pago de sueldos y gastos de Seguridad Social en el dispositivo creado ante la crisis de Delphi, donde Anticorrupción destaca que se hicieron "contrataciones simuladas" de los ex trabajadores de la factoría de automoción. Y también le atribuye a Ojeda el desvío de fondos por parte del entramado de entidades y empresas para su "favorecimiento personal".

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en el juicio de los ERE.

El total de las subvenciones recibidas por las empresas del ex consejero ascienden a 33.309.789,16 euros. Las entidades pertenecientes a Ojeda, integradas todas en el grupo Prescal, recibieron con cargo al programa 32D del plan para los ex trabajadores de la multinacional automovilística Delphi esa suma en concepto de "subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación", todo ello a través de cinco asociaciones controladas por el ex alto cargo autonómico: AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas (Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente).

Las subvenciones fueron abonadas el 10 agosto de 2009, el 26 febrero de 2010, y el 3 de diciembre 2010. La dinámica seguida en relación con los cursos consistía en que las empresas de Ojeda contrataban a los ex trabajadores y les daban de alta "sin que hicieran ningún trabajo, sólo daban los cursos", y en ese cometido se empleó la mayor parte de los 33 millones, por lo que la Fiscalía entiende que los ex consejeros Antonio Fernández y Manuel Recio serían responsables de delitos de prevaricación y malversación.

El ex consejero Manuel Recio, en los juzgados de Sevilla con su abogado, el ex ministro Antonio Camacho.

El resto del dinero se empleó en la gestión de Ángel Ojeda, quien según el Ministerio Público lo habría aprovechado para promover una especie de facturación entre sus empresas, "a veces excesiva y otras simuladas", añadieron las mismas fuentes.

Ojeda declaró que la formación fue "la ruina" de su grupo de empresas

Ángel Ojeda declaró ante la juez Bolaños en mayo de 2016, en una larga comparecencia de casi tres horas, en la que defendió que cumplió la estricta legalidad en la realización de los cursos de formación y sostuvo que, sin contar el caso de Delphi –donde recibió ayudas por 33 millones-, la experiencia global de la formación ha sido "la ruina" de su grupo de empresas.

Ojeda cuantificó en cinco millones de euros la cantidad que, según afirmó, la Junta le adeuda por la realización de cursos que están "justificados hasta el último céntimo", y reconoció que desde que saltó el escándalo de la formación "le han ido quitando los cursos, por el tema de la alarma social creada".

En septiembre de 2014, cuando la juez Mercedes Alaya abrió la causa contra Ángel Ojeda, lo acusó de usar "sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos" para hacerse con ayudas por importe de más de 33 millones "en poco más de año y medio" en relación con la formación de los ex trabajadores de Delphi.

Alaya citaba el informe de la Inspección de Trabajo para argumentar que, pese a que las subvenciones se otorgaban para la contratación de los antiguos trabajadores de Delphi, además de la realización de acciones formativas, esa relación laboral fue "simulada", habiendo presentado tales asociaciones una cuenta justificativa a la Administración de haber destinado 17.921.250 euros a pagar salarios y seguros sociales.

El resto se dedicó a actividades de formación, a través de la subcontratación de otras empresas de Ojeda, pero Alaya advirtió ya entonces de que esa subcontratación "no estaba autorizada en la resolución de concesión, ni podía realizarse al tratarse las citadas asociaciones de entidades docentes y de entidades vinculadas con las empresas subcontratadas".

La magistrada apuntó asimismo que la subcontratación se realizaría con la intención de "canalizar y distribuir los fondos obtenidos ilícitamente entre diferentes empresas del grupo a fin de ocultar el verdadero destinatario de los fondos".