Andalucía

Aplazan el juicio contra el ex alcalde de Bollullos del Condado por falta de testigos

  • El abogado del Ayuntamiento onubense renunció a las dos pruebas de cargo que pesaban sobre el ex regidor y cuatro ediles

El abogado del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, gobernado ahora por el PSOE, ha renunciado a las dos principales pruebas de cargo que pesaban sobre el ex alcalde socialista Carlos Sánchez y los concejales Rosario Rosado, Davinia Palacios, David Benjumea y Dolores Ramos por un supuesto delito de prevaricación por su papel en el caso Cespa. Los hechos se remontan a 2006 cuando sin consignación presupuestaria se contrató los servicios de gestión de recogida de residuos sólidos urbanos, por los que la institución llegó a acumular una deuda con la entidad mercantil de 327.485 euros.

La vista del juicio oral, que debía celebrarse ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva, fue aplazada hasta el próximo viernes. Su señoría optó por esta decisión ante la imposibilidad de que declarasen como testigos la ex interventora de la institución local, al no tener constancia el juzgado de que le llegara la citación.

La decisión de prescindir de las testificales, unido al hecho de que la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa, dejan más cerca la absolución de Sánchez y los ediles socialistas con quienes compartió legislatura. Igualmente, la acusación particular pidió una rebaja de la responsabilidad civil de 327.485 euros a 60.000.

Sánchez mostró su plena confianza en que "se haga justicia, entendiéndose que lo único que hemos hecho ha sido trabajar por el pueblo". En concreto explicó que su intención como dirigente municipal era que el servicios de basura municipal "pasara de costar un millón a unos 300.000 euros", por lo que entiende que no existe nada punible en su actuación. Un análisis opuesto realizó el ex alcalde y portavoz independiente, Francisco Díaz, quien tachó de "escándalo" la decisión de prescindir de las principales pruebas de cargo.

En las declaraciones realizadas durante la fase de instrucción, la asesora jurídica, Fabiola Rosado, mantiene que su informe "se solicitó por el alcalde al inicio del expediente" y que existían "otros expedientes de contratación con informes de nulidad". En este sentido, relata que "de hecho el año anterior (2005) todos los contratos que se hicieron lo fueron con informes de nulidad".

Por su parte, la secretaria del Ayuntamiento, Beatriz Molina, dejó constancia que "el informe de nulidad del expediente se emite en la fase de contratación y no debería haberse aprobado mediante decreto por el alcalde… En consecuencia no habría pasado al procedimiento de adjudicación" ni a la junta de gobierno local.

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